Mes: febrero 2016

CÓMO PASAR AL SIGUENTE NIVEL

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pasar de nivel

STS (Sala de lo Social) de 3 de noviembre de 2015 (Recurso núm. 2753/2014)

La viñeta de este post se refiere a la STS (Sala de lo Social) de 3 de noviembre de 2015 (Recurso núm. 2753/2014). El conflicto que resuelve en esta ocasión el TS es sobre la recurribilidad en suplicación de una sentencia de instancia dictada sobre una controversia relativa al periodo de disfrute de vacaciones y vulneración de Derechos Fundamentales. Como sabéis, el art. 191.2.b) LRJS señala como irrecurribles las decisiones relativas al disfrute de las vacaciones.

En el caso de autos, algunos trabajadores a los que la empresa denegó el disfrute de sus vacaciones parcialmente en los meses de agosto y septiembre, esto es, fuera del período de vacaciones establecido en la empresa (octubre, noviembre y diciembre) sobre la base de un mayor volumen de trabajo durante los meses de verano, interponen demanda bajo la modalidad procesal del art. 125 LRJS, reclamando que se reconozca su derecho al disfrute de las vacaciones en las fechas solicitadas y que se declare que la conducta de la empresa en el proceso de fijación de vacaciones ha vulnerado sus derechos fundamentales (concretamente, los regulados en los arts. 14 y 24 CE).

El Juzgado de lo Social nº 2 de Sabadell dictó sentencia en la que estimaba parcialmente la demanda. Esta Sentencia fue recurrida en suplicación por la empresa y el TSJ de Cataluña desestimó el recurso con base en el citado art. 191.2.b) LRJS. Contra dicha resolución, la empresa interpone Recurso de Casación para la unificación de doctrina, aportando como contradictoria otra sentencia dictada por la Sala Social de Cataluña, en la que sí se admitió recurso contra una sentencia que resolvía una cuestión relativa a periodo de vacaciones con invocación de derechos fundamentales.

superado el test de contradicción, el TS admite concluye que sí es recurrible la sentencia de instancia siempre que se ha resuelto sobre el periodo de disfrute de vacaciones y el objeto del pleito versa sobre tutela de derechos fundamentales, con independencia de la modalidad procesal seguida. Para fundamentar esta solución, la Sala se apoya en las razones siguientes, entre otras:

1. El tenor literal del artículo 191.3 f) de la LRJS, que con toda contundencia proclama que procede, en todo caso, la suplicación contra las sentencias dictadas en materia de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas. La expresión “en todo caso” únicamente puede significar que, en cualquier proceso en el que se interese la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas procede la suplicación, aunque en el mismo se ejercite una acción que está excluida de la suplicación.

2. La finalidad de la norma que, al conceder recurso de suplicación, obedece a la preeminencia que la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas tiene en nuestro ordenamiento jurídico, manifestada en la regulación contenida en el artículo 53 de la Constitución.

3. La imposibilidad de acudir al procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas si se reclama conjuntamente el derecho a la fijación del periodo de disfrute de vacaciones, ex art. 184 LRJS.

Así es como se pasa, pues, al siguiente nivel…

AHORA YA NO SÉ QUÉ CULO PREFIERO

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Sobre cesión ilegal

STS (Sala de lo Social) u.d. de 17 de marzo de 2015 (RCUD núm. 381/2014)

La Sentencia que inspira la viñeta de este post es la del Tribunal Supremo, en unificación de doctrina, de 17 de marzo de 2015 (RCUD núm. 381/2014). En ella se resuelve acerca de si el salario que debe recibir un trabajador objeto de cesión ilegal que opta por ser fijo de la plantilla de la empresa cesionaria es el salario (inferior) que abona ésta o el que percibía de la empresa cedente (superior).

En el supuesto concreto, tenemos un despido del que fue objeto el trabajador como represalia por su reclamación previa instando el reconocimiento de la situación de cesión ilegal y una sentencia posterior que declaró la nulidad del despido, reconociendo la cesión ilegal. Pero, lo que destaca del caso es que, habiendo optado el trabajador por ser indefinido de una de las dos empleadoras, se cuestiona si puede mantener su mayor salario de la empresa de origen, siendo que en la empresa donde decide integrarse, el salario es inferior.

El Juzgado de lo social núm. 3 de Murcia, que declaró nulo el despido y reconoció la cesión ilegal, mantuvo, en relación con el salario, que el que corresponde al trabajador es el que hasta entonces se disfrutó en la empresa cedente, superior al de la empresa cesionaria, “puesto que la readmisión sólo puede tener lugar en las mismas condiciones que se tenían en el momento del despido, a tenor de los arts. 110 y 113 de la LPL”. El TSJ de Murcia confirma el pronunciamiento de instancia en su totalidad. La representación de la empresa cesionaria, por la que opta el trabajador, formula recurso de casación por unificación de doctrina que es el que resuelve esta Sentencia.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación y establece que “el salario que corresponde al trabajador que opta por integrarse en la empresa cesionaria es el que colectivamente se haya pactado (en ésta) para otro trabajador de igual categoría profesional y antigüedad, no el que pudiera haber percibido en la empresa cedente”. Según el TS, “la solución contraria «sería incoherente y opuesta a la doctrina de los propios actos, porque de un lado se mantiene … la persistencia de cesión ilegal de mano de obra y la unidad de vínculo contractual, pero a la par se sostiene … su validez a efectos retributivos y su primacía sobre la propia regulación laboral». Y también resulta contraria al principio de igualdad y al aforismo «a igual trabajo, igual salario»”. Además, sigue razonando el Alto Tribunal «… está claro que los “efectos propios” de la relación de la actora con… [la empresa cesionaria] no podían ser otros sino los establecidos en el Convenio Colectivo aplicable, por cuanto que la previsión normativa sobre equiparación salarial -aparte de su inequivocidad- tiene el claro objetivo de proteger al trabajador afectado por el ilícito tráfico, no el de situarle privilegiadamente sobre sus compañeros en la empresa por la que se ha optado, consintiéndole una suerte de «espigueo» entre las condiciones laborales más beneficiosas que establezca el convenios aplicable y los posibles contratos perfeccionados en fraude de ley»”.

En definitiva, que la opción del trabajador cedido de escoger entre la empresa cedente y la cesionaria impone también a aquél valorar si con su elección mejorará o emporará su salario.

FONTANERÍA MSCT: REPARACIONES Y ARREGLOS, EN GENERAL

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MSCT aportación planes pensiones_

Sentencia del TS de 18 de noviembre de 2015 (recurso núm. 19/2015)

La viñeta que os traigo esta vez se refiere a la Sentencia del TS de 18 de noviembre de 2015 (recurso núm. 19/2015) que resuelve sobre si es posible que, mediante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o una inaplicación de convenio colectivo, se suspendan temporalmente las aportaciones al Fondo de Pensiones, en función también de las previsiones específicas del propio Plan de Pensiones.

En concreto, en este supuesto, las empresas afectadas, tras un período de consultas para acometer una reestructuración laboral por causas económicas, concluido sin acuerdo, decidieron, entre otras muchas medidas de flexibilidad interna, la suspensión de aportaciones a planes de pensiones, desde enero de 2014 hasta junio de 2017, aportaciones que se recuperarían mediante ingresos extraordinarios a partir de enero de 2018, y si algún trabajador causara baja en la empresa antes de que se hubiera recuperado, se realizaría la aportación en ese momento.

La demanda de conflicto colectivo interpuesta ante la Audiencia Nacional es estimada parcialmente, declarando injustificada la suspensión de aportaciones a los planes de pensiones, con base en que los derechos derivados de los planes de pensiones no se pueden regir por la regulación laboral, a diferencia de las mejoras voluntarias, que sí pueden verse afectadas por una modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Recurrida la decisión judicial ante el TS, éste considera, en contra del criterio de la AN, que los acuerdos suscritos en el marco del art. 41 ET, así como de las propias normas reguladoras de los Planes y Fondos de Pensiones, aunque se rigen por sus propias especificaciones, generan una obligación empresarial que sí puede alterarse con arreglo a la regulación laboral, debiéndose diferenciar la gestión y dinámica de las prestaciones ya aportadas, del alcance del deber de seguir realizando aportaciones, ya que, al formar los planes de pensiones parte de la masa salarial, se pueden encuadrar perfectamente dentro del art. 41 ET.

A ello no se opone el silencio respecto a la posibilidad de alterar el propio Plan de Pensión mediante acuerdo colectivo, ni que se supedite al respaldo de la Comisión de Control. E insiste el Alto Tribunal que no se estaría dejando sin garantía el pago de los compromisos de pensiones puesto que son diferentes las aportaciones futuras (a cargo de la empresa), de la garantía de las prestaciones (que compete al Fondo).