Mes: abril 2016

DESPÍDEME

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STSJ de Cataluña de 4 de febrero de 2016 núm. 710/2016

La Sentencia que inspira la presente viñeta es la núm. 710/2016 del TSJ de Cataluña, de 4 de febrero de 2016, que revoca la del Juzgado de lo Social que declaró improcedente el despido de un trabajador. Lo que llama la atención del asunto es que había sido el trabajador (con  contrato de duración determinada eventual por circunstancias de la producción) quien había insistido en repetidas ocasiones a la empresa para que lo despidiese, de forma que pudiera acceder a prestación por desempleo.

La empresa se negó inicialmente, pese a que el trabajador trataba de incurrir en incumplimientos contractuales que condujesen a tal fin, causando finalmente baja médica derivada de enfermedad común por causa de trastorno de ansiedad, inespecífico.

Finalmente, el trabajador es despedido por la empresa argumentando fraude, deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas y disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal de trabajo. Pero, el trabajador quiso más e impugnó este despido, obteniendo en instancia un pronunciamiento favorable a sus intereses, al declarar la improcedencia del despido.

La empresa recurre en suplicación y constando probado que el trabajador pretendía forzar a la empresa al fraude que le permitiese acceder a la prestación por desempleo, acaba declarando la procedencia del despido, al que la conducta de la trabajador constituye una evidente transgresión de la fe contractual, dado que, con independencia del posible daño económico, sí se ha vulnerado la buen fe depositada en él y de la lealtad debida, al configurarse la falta por la ausencia de valores éticos.

Además, y de acuerdo con la doctrina jurisprudencial, la pérdida de confianza, por su especial naturaleza, no admite grados de valoración, una vez perdida se rompe el necesario equilibrio en las relaciones laborales impidiendo el restablecimiento posterior al ser «per se» grave.

LA ETAPA DE LOS «POR QUÉ»

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_por qué_

Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2016 (RCUD núm. 2507/2014)

¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? se pregunta el trabajador/a al que se le selecciona como afectado en un despido colectivo. Desde luego, en la carta de despido no va a encontrar la respuesta, o al menos, de dar esas explicaciones libera a la empresa la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2016 (RCUD núm. 2507/2014).

Sin entrar en mayores detalles acerca de los antecedentes fácticos de esta Sentencia, lo que interesa de la misma es que fija doctrina según la cual, en despidos colectivos finalizados con acuerdo, no es necesario reproducir, en la carta individual de despido, los criterios de selección establecidos durante el período de consultas ni su concreta aplicación al trabajador.

La posición del TS se basa en los siguientes argumentos:

  • El diverso contexto del despido objetivo individual, cuya decisión empresarial se gesta unilateralmente, frente a la extinción individual derivada de despido colectivo, a la que precede, en cambio, un período de consultas donde se ha podido controlar la causa y criterios de selección, lo que permite rebajar las exigencias formales en este caso, al hacerlas innecesarias, tal y como ya sucedía con anterioridad a la Ley 3/2012.
  • La literalidad de la norma, que sólo exige la “comunicación escrita al trabajador expresando la causa…” (art. 53.1.a ET). Imponer la explicación de los criterios de selección y su aplicación excedería del mandato legal.
  • La irrazonable extensión que alcanzarían las cartas de despido, ya que deberían hacerse constar los prolijos criterios de selección que normalmente se fijan, así como relatarse la valoración individual del concreto trabajador y del resto de trabajadores, detallando un juicio de comparación que haría desmesurada la extensión de la carta.
  • El derecho de defensa del trabajador queda garantizado con la posibilidad del trabajador de acudir a actos preparatorios y diligencias preliminares para reclamar a la empresa los datos necesarios para presentar la correspondiente demanda.

La Sentencia cuenta con un voto particular que formulan conjuntamente cuatro Magistrados, los cuales se oponen a los argumentos de la Sentencia mayoritaria, entre otros, por el incumplimiento de convenios y tratados internacionales en relación con el alcance del control judicial del despido o el derecho a la tutela judicial efectiva del trabajador.

A CADA UNO SU ZANAHORIA

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individual en masa_

Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Social) de 20 de noviembre de 2015, núm. 193/2015

Me he imaginado esta vez un mercadillo en acción para situar la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Social) de 20 de noviembre de 2015, núm. 193/2015.

Por la empresa se procedió a la apertura del periodo de consultas para una modificación sustancial de condiciones de trabajo, inaplicación de convenio colectivo y suspensión de contratos y reducciones de jornada. Este procedimiento finalizó con acuerdo, el 27-12-2013, entre cuyos pactos, se establecía que las partes se comprometen a que, antes de abordar cualquier proceso de reordenación o reestructuración de plantilla de alcance colectivo, las partes promoverán la negociación con la representación de los trabajadores, de las medidas a adoptar.

Pocos meses después, aparece publicado en la intranet de la empresa unccomunicado denominado «Plan de Bajas Voluntarias Incentivadas», en el que se indica que las mismas van dirigidas al colectivo de empleados nacidos en los años 1956, 1957 y 1958, que se materializará a través de pactos individuales, siendo el colectivo susceptible de acogerse a este Plan unos 615 empleados.

Pocos meses más tarde, la dirección de la empresa remitió correo electrónico a los representantes de los trabajadores en el que se le informa de los términos en los va a procederse a la oferta de lo que denomina «bajas compensadas».

Uno de los Sindicatos firmantes demanda contra la empresa invocando la tutela de su derecho a la libertad sindical en su vertiente funcional del derecho a la negociación colectiva, que entiende vulnerado por el plan de bajas incentivadas destinadas a determinado personal promovido por la empresa de forma unilateral y que afecta a un colectivo de 615 trabajadores, y que ya afecta de facto a más de 400.

La AN estima la demanda, al entender que tal medida debió ser acordada por previa negociación colectiva con las distintas secciones sindicales constituidas en la empresa, tal y como se pactó en Acuerdo de 27-12-2013, y ello porque, para la Sala, una medida que potencialmente puede suponer la extinción de 615 relaciones laborales, y que de facto ya afecta a más de 400, supone un proceso de reordenación o reestructuración o de la plantilla.

Me quedo con el dato: más de 400 trabajadores/as de los 615 potenciales ya habían acudido a por su zanahoria que les había puesto la empresa, obviando el papel de sus representantes sindicales.

MANCHADO

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Imputado_

Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2016 (Recurso núm. 808/2014)

La viñeta que os acompaño establece un paralelismo entre una situación cotidiana (tirar la basura) y la decisión de desprenderse de un trabajador.

Concretamente, la Sentencia traída a este post va de un despido disciplinario de un trabajador al descubrir la empresa, una entidad bancaria, que está imputado en una operación contra el blanqueo de capitales. La empresa tuvo conocimiento de esta circunstancia cuando, un día, el trabajador acudió a la empresa más tarde de su hora de entrada, acompañado por la Policía Judicial y por la Secretaría del Juzgado de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, procediéndose, en ese momento, al registro de su puesto de trabajo y a la intervención de su PC.

«Manchado» así el trabajador, la empresa decide que no puede seguir dentro de la compañía, que le despide con base en el art. 54 ET, al considerar que ha existido una transgresión de la buena fe contractual o abuso de confianza.

El Juzgado de lo Social estimó la petición de improcedencia formulada por el trabajador, no así la de nulidad, que, sin embargo, sí estimó el TSJ de Madrid en el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador, por lesión de los derechos consagrados en el artículo 10 CE en relación con el 18 CE (derecho al honor y a la propia imagen). Disconforme la empresa, intepone RCUD utilizando como sentencia de contraste la del TSJ de Cataluña de 4 de febrero de 2008.

El TS estima el RCUD, confirmando así el fallo de la Sentencia del Juzgado de lo Social, al entender que la causa alegada por la empresa para el despido (transgresión de la buena fe contractual) es ajena a las actuaciones penales, aunque vinculada con ellas, y que la empresa no ha acreditado la veracidad de la misma ni su suficiente gravedad para el despido disciplinario. Dicha transgresión se hubiera podido considerar si se hubiera acreditado que el trabajador había ocultado la imputación penal a la empresa.

La nulidad debe descartarse porque no consta que la decisión extintiva empresarial en el presente caso haya sido difundida más allá del ámbito privado contractual laboral entre las partes (no se han vulnerado los arts. 18 ni 10 CE. No ha existido en la empresa intención de atentar contra la buena reputación de la persona.