Mes: febrero 2017

CUATRO TIPOS DE MAGISTRADO/A PARA «PORRAS»

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La Doctrina De Diego Porras que, como ya es sabido, declara el art. 49.1.c) ET contrario a la Directiva 1999/70, sigue estos meses su particular peregrinaje por los órganos judiciales españoles. Entre estos, sin embargo, está reinando una total división.

Aunque se están produciendo distintos pronunciamientos, quiero destacaros 4 resoluciones recientes que ilustran muy claramente sobre las profundas diferencias de criterio existentes actualmente y que nos permiten adivinar hasta 4 perfiles o personalidades distintas de Magistrado/a:

Por una parte, nos encontramos con el Tribunal tipo «prudente», que esquiva -por razones procesales- entrar en el fondo del asunto. Es el caso del Pleno del TSJ de Cataluña en su Sentencia de 30 de diciembre de 2016 (Rec. 3593/2016). La Sala se pregunta si puede ser congruente la sentencia que pudiéramos dictar cuando ninguna de las dos partes planteó ésta cuestión (la aplicación de la Dcotrina De Diego Porras) en la instancia, ni posteriormente en el recurso, ni tampoco reclamó ningún otro tipo de indemnización alternativa para el caso de que la finalización de su contrato fuese declarada ajustada a derecho. La mayoría de los Magistrados se inclina por evitar pronunciarse sobre el fondo porque, a su entender, «no resulta… posible aplicar el principio de congruencia flexible más allá de la causa de pedir, aunque entendida esta en un sentido amplio y flexible. No puede, por tanto, la Sala condenar al pago de una indemnización que nadie ha pedido y que no tiene vínculo directo o indirecto con la pretensión de despido. Una respuesta contraria crearía una grave indefensión a la parte demandada, en tanto que se vería impedida –ni tan siquiera tras el trámite de audiencia conferido- a poder oponer y probar hechos obstativos, excluyentes o impeditivos, entre ellos  excepciones materiales (por ejemplo: la prescripción) que sí podría haber articulado en el supuesto de una demanda de cantidad acumulada o que podrá formular, en su caso, en una nueva acción de cantidad».

En segundo lugar, está el Tribunal tipo «osado», con chupa de cuero, como el TSJ del País Vasco que, reiteradamente, se ha atrevido a aplicar la Doctrina del TJUE sin temblarle la mano. Entre otras Sentencia, por ejemplo, se encuentra la de 22 de noviembre de 2016 (Rec. 2146/2016), que considera de aplicación directa la Cláusula 4.1 de la Directiva 1999/70 y, además, a un conflicto interprivatus y, por si fuera poco, por la extinción válida de un contrato temporal eventual por circunstancias de la producción y, para más inri, actuando de oficio la Sala. Consideran los Magistrados que su proceder es congruente (i) porque quien pide lo más pide lo menos; (ii) y porque la Sala ya se ha pronunciado al respecto y también el TS para acrecer de oficio la indemnización por rescisiones de indefinidos no fijos. Justo todo lo contrario que el Pleno del TSJ de Cataluña.

En tercer lugar, ha aparecido en escena el Juzgador tipo «generoso», como el del Juzgado de lo Social nº 2 de Salamanca (Sentencia nº 317/2016), quien, en su inmensa munificencia, además de aplicar directamente la Doctrina De Diego Porras (el caso era el de trabajador interino de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León), sin mayor cuestionamiento, obsequia también considerando adecuado el procedimiento de reclamación de cantidad para solicitar las diferencias indemnizatorias derivadas de dicha doctrina, lo que supone que el proceso no está sujeto al plazo de caducidad de 20 días desde el cese, sino al plazo de prescripción de un año.

Finalmente, tenemos al Magistrado tipo «indeciso» que, superado por el galimatías en el que nos ha metido el TJUE, no sabe muy bien qué camino tomar. Así que, ante la duda, opta por dirigir nueva cuestión prejudicial al Tribunal europeo para que, a ver si esta vez hay suerte, y nos aclara mejor qué es eso de que resulta discriminatorio que la indemnización por fin de contrato temporal no coincida con la aplicable a la extinción del  contrato indefinido por causas objetivas. Es el caso, por ejemplo, del Auto del Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid de 21 de diciembre de 2016 (autos 991/2016), de planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJUE. Se pregunta el Juzgador si el trato indemnizatorio distinto entre el fin del contrato temporal y el del fijo podría explicarse por el hecho de que, en el contrato temporal, se tenga el previo conocimiento de su duración limitada, mientras que no sea así en el contrato indefinido extinguido por una causa objetiva sobrevenida. Pero, entiende también que quizá podría no estar justificado un trato desigual: (i) Si la adjudicación de la plaza vacante que ocupaba el interino se considerase una causa objetiva que ha de recibir igual trato para temporales y fijops. (ii) Si se atiende a que la indemnización por cese pretende compensar el perjuicio real causado, que sería entonces igual para los interinos que para los fijos que pierden su puesto.

El pasado viernes el Economista.es pubilicaba que el TJUE reconoce haberse equivocado en este asunto. En esta apreciación, sin duda, no se equivoca. Pero, sea como fuere el modo en que hemos llegado hasta aquí, este experimento da cuenta -para mí- de la gran responsabilidad que recae sobre los jueces y magistrados y de la necesidad de hacer una reflexión seria sobre la falta de mecanismos ágiles y eficaces para recuperar un estado mínimo de seguridad jurídica cuando sobrevienen este tipo de terremotos interpretativos. Tal y como funciona hoy el mundo, no podemos estar meses y meses a merced de soluciones judiciales contradictorias, debates ideológicos o comités de expertos que no resuelven, mientras la inversión privada o los presupuestos públicos navegan en la incertidumbre. Yo creo que debemos reivindicar esta capacidad de respuesta, por el bien común y la salud mental de los laboralistas.

 

DEL CERDO SE APROVECHA TODO

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STS (Social) 20 de diciembre de 2016 (Rec. 217/2015)

Ha vuelto a pronunciarse el Tribunal Supremo sobre la vida después de la ultraactividad. Y se nota que a la Sala le gusta del convenio colectivo estatutario decaído hasta sus andares. Y es que, como viene a señalar la Sentencia del TS de 20 de diciembre de 2016 (Rec. 217/2015), del Convenio Colectivo decaído se contractualiza todo.

En el caso debatido, tras producirse el fin de la ultraactividad y no consiguiendo las partes llegar a un acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo, la empresa sigue aplicando el convenio colectivo anterior, ya decaído, pero no en su totalidad, sino excluyendo determinadas disposiciones que considera que no son elementos básicos del contrato de trabajo (expectativas de derecho, distintas de derechos adquiridos o en trance de adquisición; garantías de Empleo o cláusulas de paz; cláusulas que deben estar reguladas por Convenio Colectivo según los arts. 22, 38.2 y 54 ET; cláusulas que se refieren a la propia vigencia del Convenio, y que por tanto no pueden aplicarse si éste ha desaparecido).

La Sala se pronuncia al respecto en el mismo sentido y profundizando en su criterio de la anterior Sentencia de 22 de diciembre de 2014 (Rec. 264/2014), reiterando que «cualesquiera derechos y obligaciones de las partes existentes en el momento en que termina la ultraactividad de un convenio colectivo no desaparecen en ese momento en que dicho convenio pierde su vigencia. Y ello es así, no porque -como se ha dicho algunas veces- las normas del convenio colectivo extinto pasen a contractualizarse en ese momento sino porque esas condiciones estaban ya contractualizadas desde el momento mismo (el primer minuto, podríamos decir) en que se creó la relación jurídico-laboral, a partir del cual habrán experimentado la evolución correspondiente».

No obstante, matiza el Tribunal que «la aplicación de nuestra doctrina no conduce necesariamente a que la totalidad de un Convenio Colectivo que haya fenecido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, debe entenderse «contractualizado» íntegramente, pudiendo suceder que, en casos concretos, pueda ser ajustada a derecho la conducta empresarial que decida la inaplicación de determinados preceptos de un Convenio Colectivo fenecido, siempre que tales preceptos no sean «contractualizables» y se comunique en forma qué preceptos del texto pactado entiende incorporados al contrato de trabajo y cuáles no, de manera concreta, sin realizar una inaceptable mezcla genérica de contenidos».

Queda claro pues que de nuestro sabroso compañero, el Convenio estatutario decaído, se aprovecha todo: chuletas de cabezada o de palillo, tocino, panceta, manteca, hueso añejo, chorizo, morcilla, butibarra, orejas, rabo, morrillo, un buen jamón o una buena paletilla, etc.