Mes: febrero 2018

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Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Social) de 11 de diciembre de 2017 (Rec. 278/2017)

No se trocean los derechos troceando la actividad de la empresa entre contratas, subcontratas y ETTs. Eso al menos es lo que asoma en el futuro merced a la posible reforma del art. 42 ET y también a la vista de sentencias como la que os hago viñeta en este post.

Sin entrar en detalles, para los que os remito a la lectura de la Sentencia, aquí la Sala de lo Social de la Audiencia nacional equipara a trabajadores de la empresa y trabajadores contratados a través de ETTs a los efectos de acceder a las condiciones establecidas en el Plan de Igualdad de la empresa usuaria.

Entiende la Sala la finalidad del art. 11 LETT es garantizar la equiparación total en derechos entre los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria y los trabajadores puestos a disposición por la ETT en cuanto a igualdad y no discriminación. La literalidad del precepto lleva a la misma conclusión. Habrá que esperar a ver si el Tribunal Supremo confirma en el futuro este criterio.

EL BOTÓN DE REBOBINAR NO FUNCIONA

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STS (Social) de 5 de diciembre de 2017 (RCUD 2664/2015)

La Sentencia que os ilustro aquí con una viñeta se pronuncia sobre si el ejercicio de la acción de reclamación de cantidad por deudas salariales formulada contra la empresa empleadora (contratista) interrumpe el plazo de prescripción de la acción contra el responsable solidario de esas deudas (empresa principal).

La respuesta de la Sala es que no interrumpe el plazo, y ello porque se trata de responsabilidades distintas, reguladas y establecidas por normas distintas:

  • La responsabilidad del la empresa principal, que no mantiene relación jurídica alguna con el trabajador demandante, nace del art. 42.2 ET y se activa por el incumplimiento de las obligaciones laborales del empleador, fijando dicho precepto su régimen y dies a quo.
  • La obligación del empleador (la empresa contratista) nace del contrato de trabajo con su empleado, de manera que la prescripción del deber de pago de salarios se regula por los arts. 1, 26, 29 y 59 ET.

Dr. Jekyll y Mr. Hide

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STSJ Murcia (Social) de 8 de noviembre de 2017 (Rec. 308/2017)

La Sentencia que llevo a viñeta en esta entrada resuelve sobre la admisibilidad, como prueba en juicio, de datos bancarios del empleado de un banco (obtenidos en una auditoría interna) que acreditarían la infracción cometida por el trabajador despedido, utilizados sin consentimiento de éste.

El juzgado de lo social inadmite la prueba, por entender que el acceso a tales datos vulnera el derecho fundamental a la intimidad del trabajador y no pueden ser utilizados sin su autorización.

Llevada la cuestión por la empresa ante el TSJ de Murcia, se estima el recurso de suplicación, al entender la Sala qued no se ha vulnerado el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), pues la auditoría interna y los datos bancarios extractados respetan el principio de proporcionalidad: la actuación empresarial no fue arbitraria, sino adecuada y proporcional al fin perseguido, que era averiguar la infracción cometida, y constatar las fundadas sospechas de la empresa sobre la conducta del trabajador.

Se declara la nulidad de las actuaciones, sin pronunciarse sobre el fondo, y devolviendo las mismas al momento de inadmitirse la prueba.

Trabajador y empleado a la vez: ¿dónde está el límite?