Mes: mayo 2018

POLTERGEIST LABORAL

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STS (Social) de 26 de abril de 2018 (Rec. 2004/2016)

Sentencia del Tribunal Supremo que, como la de este mismo Tribunal de 27 de febrero de 2018 (Rec. 112/2016), nos confirma que no cabe eludir la subrogación empresarial de la empresa adquirente en los contratos de trabajo extinguidos (mediante despido colectivo) antes de la compraventa.

En el caso analizado, en el marco del concurso de una empresa, el juez de lo mercantil había aprobado un despido colectivo 7 días antes de acordar la adjudicación de toda la unidad productiva autónoma a otra empresa en marzo de 2013, excluyendo la subrogación del adquirente en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que fuese asumida por el FOGASA con arreglo al art. 33 ET.

Uno de los trabajadores despedido demanda por despido nulo y, en suplicación, se estima su petición. En ejecución, reclama su reincorporación en la empresa adquirente, lo que se estima por entender que se ha producido sucesión de empresa. Interpuesto recurso ante el TSJ, éste revoca el auto y absuelve a la empresa adquirente, excluyendo la subrogación empresarial, de acuerdo con la anterior redacción del art. 148 de la Ley Concursal (LC).

Interpuesto RCUD ante el TS, la Sala IV estima el mismo al entender aplicable el art. 44 ET y la responsabilidad solidaria consiguiente, pues, (i) con la adjudicación en realidad se había producido el cambio de titularidad de una entidad económica que mantiene su identidad; (ii) el artículo 44 ET es una norma de carácter imperativo; (iii) el apartado 4 del art. 148 LC nos conduce a la conclusión de que la norma no ha excluido que la adquisición de una unidad productiva en el seno del concurso suponga sucesión de empresa sino, al contrario, de forma indirecta está admitiendo que en dicho supuesto se produce sucesión de empresa, al remitir al artículo 64 LC los supuestos en los que las operaciones previstas en el plan de liquidación implicasen modificaciones sustanciales colectivas, traslados colectivos, suspensiones o extinciones colectivas de contratos; porque si la adquisición de una unidad productiva autónoma en el seno del concurso no supusiera que existe sucesión de empresa, la remisión del art. 148.4 LC al procedimiento descrito en el art. 64 LC , sería superflua, ya que la adquisición de la unidad productiva autónoma no conllevaría la asunción de los trabajadores de la empleadora, por lo que el plan de liquidación habría de limitarse a contemplar las condiciones de la realización de bienes y derechos del concursado, pero sin previsión alguna respecto a la situación de los trabajadores; y (iv) la conclusión alcanzada no se opone, por un lado, el contenido del art. 148.2 LC ya que el interés del concurso no puede erigirse en la norma suprema que rijala adjudicación de los bienes pues habrán de respetarse las normas imperativas de nuestro ordenamiento jurídico, entre las cuales se encuentra el artículo 44 ET.

EL CAMBIAZO

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STS (Social) 27 de febrero de 2018 (Rec. 689/2016)

Sentencia que resuelve sobre si la declaración de improcedencia del despido como consecuencia de haberse alegado por primera vez en el acto del juicio oral un incumplimiento formal del despido, constituye una variación sustancial de la demanda.

La Sala responde afirmativamente, toda vez que los nuevos hechos producen indefensión a la empresa que no puede defenderse de dicha alegación, ni proponer prueba al respecto.

Ni la sentencia de instancia ni la dictada en suplicación abordaron el tema material objeto de la demanda. Ambas resoluciones fijaron un exclusivo debate: el atinente al incumplimiento de las exigencias convencionales formales para llevar a efecto el despido disciplinario en cuestión.

A la vista de cuanto antecede, hemos de declarar la nulidad de lo actuado desde el momento inmediatamente anterior al dictado de la sentencia de instancia a fin de que por la Magistrada se emita nueva resolución en la que resuelva las pretensiones deducidas en demanda, con exclusión, por ende, del motivo formal alegado en el acto del juicio oral.

TELEDIRIGIDO DESDE LA CAUSA EN ALEMANIA

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SAN (Social) 30 de abril de 2018 (Núm. 68/2018)

Empresa alemana, con centros de trabajo en Palma de Mllorca, Madrid y Barcelonaque inicia en Alemania un procedimiento de insolvencia sobre bienes de la deudora como consecuencia de su insolvencia y sobreendeudamiento y es declarada en concurso de acreedores. Con base en esta situación, la sucursal española inicia un procedimiento de despido colectivo que afectará a la totalidad de la plantilla (43 trabajadores).

Durante el periodo de consultas la empresa aporta documentación financiera, en inglés y en alemán, y la declaración de concurso de acreedores dictada en Alemania. La represehtación de los trabajadores reclama a la empresa la traducción de tales documentos que no es atendida -se aduce- por falta de tiempo y medios económicos. El periodo de consultas finaliza sin acuerdo, y la empresa comunica la decisión extintiva por causas económicas, con pago de la indemnización de 20 días por año de servicio.

Impugnado el despido colectivo ante la AN, la Sala estima la demanda y declara la nulidad de los despidos, al entender que no es suficiente la declaración del concurso en el extranjero, sino que AIR BERLIN debería haber iniciado el concurso territorial en España, de manera que, conforme a los arts. 211 y siguientes de la Ley Concursal (LC), el reconocimiento de un procedimiento extranjero principal le anría permitido abrir en España un concurso territorial sin necesidad de examinar la insolvencia del deudor. Asimismo, de acuerdo con el art. 10.3 LC, “si el centro de los intereses principales no se hallase en territorio español, pero el deudor tuviese en éste un establecimiento, será competente el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique y, de existir varios, donde se encuentre cualquiera de ellos, a elección del solicitante”.

Igualmente, conduce a que se declare la nulidad de los despidos tanto la falta de información preceptiva, como de información pertinente solicitada de modo reiterado a lo largo del período de consultas sin que la empresa la aportara ni ofreciera un motivo verdaderamente razonable para no hacerlo, lo qie impidió que el período de consultas alcanzase sus fines:

– No se aportaron las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos completos.
– Tampoco la auditoría de cuentas contables, ni se invocó su exención (conforme alartículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital).
– Durante el periodo de consultas la empresa entregó a los representantes de los trabajadores documentación no traducida al castellano, pese a haber solicitado su traducción, alegando la empresa razones de falta de tiempo y falta de medios económicos.
– No se entregaron traducidas al castellano las cuentas anuales completas ni los estados contables, es decir, balance y cuenta de resultados firmadas por los responsables de dicha empresa.