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Sobre cesión ilegal

STS (Sala de lo Social) u.d. de 17 de marzo de 2015 (RCUD núm. 381/2014)

La Sentencia que inspira la viñeta de este post es la del Tribunal Supremo, en unificación de doctrina, de 17 de marzo de 2015 (RCUD núm. 381/2014). En ella se resuelve acerca de si el salario que debe recibir un trabajador objeto de cesión ilegal que opta por ser fijo de la plantilla de la empresa cesionaria es el salario (inferior) que abona ésta o el que percibía de la empresa cedente (superior).

En el supuesto concreto, tenemos un despido del que fue objeto el trabajador como represalia por su reclamación previa instando el reconocimiento de la situación de cesión ilegal y una sentencia posterior que declaró la nulidad del despido, reconociendo la cesión ilegal. Pero, lo que destaca del caso es que, habiendo optado el trabajador por ser indefinido de una de las dos empleadoras, se cuestiona si puede mantener su mayor salario de la empresa de origen, siendo que en la empresa donde decide integrarse, el salario es inferior.

El Juzgado de lo social núm. 3 de Murcia, que declaró nulo el despido y reconoció la cesión ilegal, mantuvo, en relación con el salario, que el que corresponde al trabajador es el que hasta entonces se disfrutó en la empresa cedente, superior al de la empresa cesionaria, “puesto que la readmisión sólo puede tener lugar en las mismas condiciones que se tenían en el momento del despido, a tenor de los arts. 110 y 113 de la LPL”. El TSJ de Murcia confirma el pronunciamiento de instancia en su totalidad. La representación de la empresa cesionaria, por la que opta el trabajador, formula recurso de casación por unificación de doctrina que es el que resuelve esta Sentencia.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación y establece que «el salario que corresponde al trabajador que opta por integrarse en la empresa cesionaria es el que colectivamente se haya pactado (en ésta) para otro trabajador de igual categoría profesional y antigüedad, no el que pudiera haber percibido en la empresa cedente». Según el TS, «la solución contraria «sería incoherente y opuesta a la doctrina de los propios actos, porque de un lado se mantiene … la persistencia de cesión ilegal de mano de obra y la unidad de vínculo contractual, pero a la par se sostiene … su validez a efectos retributivos y su primacía sobre la propia regulación laboral». Y también resulta contraria al principio de igualdad y al aforismo «a igual trabajo, igual salario»». Además, sigue razonando el Alto Tribunal «… está claro que los «efectos propios» de la relación de la actora con… [la empresa cesionaria] no podían ser otros sino los establecidos en el Convenio Colectivo aplicable, por cuanto que la previsión normativa sobre equiparación salarial -aparte de su inequivocidad- tiene el claro objetivo de proteger al trabajador afectado por el ilícito tráfico, no el de situarle privilegiadamente sobre sus compañeros en la empresa por la que se ha optado, consintiéndole una suerte de «espigueo» entre las condiciones laborales más beneficiosas que establezca el convenios aplicable y los posibles contratos perfeccionados en fraude de ley»».

En definitiva, que la opción del trabajador cedido de escoger entre la empresa cedente y la cesionaria impone también a aquél valorar si con su elección mejorará o emporará su salario.

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