Autor: lac73

¡DÉJENME SALIR!

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En los últimos tiempos, vienen sucediéndose sentencias, todavía de instancia, que se pronuncian acerca de la consideración como trabajadores por cuenta ajena de repartidores de distintas plataformas digitales, que defienden la condición de trabajadores autónomos de aquéllos. También se han producido pronunciamientos en el mismo sentido en el ámbito de las cooperativas de trabajo asociado. Por otro lado, sabemos que pronto se despejará, judicial o legalmente, la incógnita sobre la obligación de registro diario de la jornada ordinaria, que quizá acabe ralentizando la gestión de las relaciones laborales con un carga burocrática importante. Igualmente, se quiere poner fin a la externalización de la propia actividad de la empresa como vía de optimización del proyecto empresarial si es a costa de los salarios de los trabajadores de la empresa contratista. Estas y otras son puertas por las que muchas empresas intentan escapar de las costosas y rígidas normas laborales, que a los trabajadores les parecen pocas y a las empresas, demasiadas.

La globalización, el capitalismo digital y otras nuevas realidades sociales y económicas piden paso, pero las normas laborales se resisten a cualquier cambio e, incluso, se endurecen, probablemente por temor a sacrificar su función tuitiva básica. Sin embargo, olvidamos que las normas laborales han sido, son y deben ser fruto del consenso de todos los afectados: no es un buen camino ni legislar ni interpretar en contra de una de las partes o de la otra. La opción debe ser el consenso, y para buscarlo todos deben dejar algo en el camino, a cambio del sacrificio del otro.

Tema complejo, sin duda. Pero, mientras llegan respuestas, aquí os dejo una viñeta para poner imagen a esta huida frustrada.

Saludos

Great Job!

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STS (Social) de 29 de noviembre de 2018 (Rec. 207/2017)

Importante Sentencia del TS que nos confirma que la empresa tiene legitimación activa para iniciar un proceso de conflicto colectivo sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo, si no hubo acuerdo con la representación social y ésta se opuso a la medida. De esta manera, si la empresa obtiene sentencia favorable, con ella podrá poner fin a los procedimientos individuales instados contra la medida colectiva adoptada.

DIGA 33…

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STS (Pleno) 20 de junio de 2018 (RCUD 3510/2016)

Dictada en Pleno y sin votos particulares, resuelve el conflicto de deducir o no, de una indemnización por despido improcedente, las indemnizaciones anteriormente percibidas por el mismo trabajador en concepto de finalización de contratos temporales.

El TS mantiene su consolidada doctrina según la cual, en caso de sucesión fraudulenta de contratos temporales –la actividad para la que se celebraron tenía carácter permanente-, la indemnización por extinción de los mismos no debe deducirse de la posterior indemnización por despido improcedente. Excepto en relación a la indemnización percibida ex art. 49.1.c ET por la finalización del último contrato temporal. Esa última ruptura del vínculo no constituye extinción de contrato temporal, sino que, al ser una ruptura final, constituye un despido improcedente, y para éste el legislador prevé una indemnización específica que ya incluye el periodo de prestación de servicios de este último contrato. Lo contrario supondría enriquecimiento injusto del trabajador, que percibiría dos indemnizaciones, por dos causas distintas -despido improcedente y extinción regular de contrato temporal-, cuando en realidad hay una única ruptura.

Fuente: Poder Judicial (web oficial)

PSICOANÁLISIS: TEST DEL TJUE

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Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de julio de 2018 (Asunto C-60/17)

Importante Sentencia del TJUE que nos deja a medias, pues, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que excluye la aplicación del art. 44 ET a las subrogaciones convencionales, entiende que la la Directiva 2001/23 sí es aplicable a las subrogaciones reguladas en convenio colectivo, tratándose de una actividad que descansa fundamentalmente en la mano de obra, y donde un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común que puede constituir una “entidad económica” y que puede mantener su identidad después de su transmisión, cuando el nuevo empresario continúe con la actividad y se haga cargo de una parte esencial del personal. Pero no despeja la duda sobre si el convenio colectivo puede excluir la responsabilidad solidaria de cedente y cesionario, al remitir esta cuestión al Tribunal nacional

Habrá que esperar a que se pronuncie el TSJ Galicia, que formuló la cuestión prejudicial, y a que el asunto llegue al TS para que unifique doctrina al respecto.

¿TE GUSTA CONDUCIR?

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STS (Social) 18 de mayo de 2018 (Rec. 3513/2016)

Nueva Sentencia que nos ilustra sobre la recurrente búsqueda (infructuosa muchas veces) de fórmulas de prestación de servicios al margen de las normas laborales. En esta ocasión, la fórmula escogida fue una cooperativa de trabajo asociado en el sector del transporte de mercancías por carretera, en la que concurrían las siguientes circunstancias:

– La cooperativa ofrecía servicios de transporte por carretera, para lo cual era la titular de las autorizaciones administrativas de transporte (no los socios personalmente)
– La cooperativa no tenía en propiedad vehículos, sino que se los alquilaba a otra empresa dedicada a esa misma actividad, propietaria de los vehículos

Hasta aquí, nada que objetar. Ahora bien…

– Ocurría que esa otra empresa que le alquilaba sus vehículos era el único cliente de la cooperativa, a cuya disposición ponía ésta a sus socios colaboradores.
– Además, la empresa cliente era la que disponía del listado de clientes, la que organizaba el trabajo, las rutas y todo lo relativo a la gestión de cada uno de los encargos
– Los socios colaboradores de la cooperativa realizaban su actividad bajo las instrucciones que le daba el la mepresa cliente que había arrendado los vehículos a la cooperativa.
– La cooperativa tenía sólo 4 socios trabajadores, mientras que el resto (115) eran socios colaboradores

En este contexto, un socio colaborador demanda por despido y reclama la laboralidad de su relación con la empresa cliente, obteniendo sentencia favorable en instancia (JS de Elche). La STSJ de Valencia de 13 julio 2016 revocó esta sentencia, siendo la misma recurrida en casación para unificación de doctrina (se aporta como contradictoria STSJ Navarra de 5 de junio de 2015).

El TS decide darse la oportunidad de profundizar sobre el art. 1.3.g) ET y recuerda que, para su aplicación deben concurrir (i) la titularidad de la autorización administrativa de transporte y (ii) la propiedad o poder directo de disposición sobre el vehículo. Todo ello de manera que tengan una importancia económica suficiente como para configurar una unidad productiva que permita considerar que nos encontramos ante un verdadero empresario autónomo.

Se une, en este caso, que se han intentado parapetar tras una cooperativa, pero, para la Sala, ello no es obstáculo, puesto que estas mismas exigencias deben cumplirse cuando la actividad se presta a través de la participación en una cooperativa.

Para la Sala, aunque la tarjeta de transporte era propiedad de la cooperativa y el camión utilizado por el actor estaba igualmente dentro del poder de disposición de la cooperativa (en virtud de un contrato de arrendamiento), nos encontramos claramente, en este caso, ante una una utilización abusiva de la forma societaria de la cooperativa para eludir normas indisponibles de derecho laboral, lo que basa en los siguientes indicios:

1) Inexistencia de una verdadera actividad económica en la cooperativa: la cooperativa carece de la más mínima estructura material u organizativa, y su intervención se limita solamente a aportar la titularidad de la tarjeta de transporte y formalizar un contrato de arrendamiento de servicios con una empresa del mismo sector que es la propietaria de los vehículos, y es esta empresa la que dispone de los clientes, la que organiza el trabajo, las rutas y todo lo relativo a la gestión de cada uno de los encargos, hasta el punto de que trata directamente con los conductores sin la intermediación de la cooperativa

2) Si bien es cierto que el art. 80.1 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas , admite que las cooperativas de trabajo asociado puedan contar con socios colaboradores, no lo es menos que la presencia tan absolutamente mayoritaria de esta figura es claramente reveladora del fraude, habida cuenta que, en el art. 14 de la Ley, los socios colaboradores se definen en contraposición a los socios trabajadores, como las “personas físicas o jurídicas, que, sin poder desarrollar o participar en la actividad cooperativizada propia del objeto social de la cooperativa, pueden contribuir a su consecución” , tras lo que se establece que el socio colaborador no “podrá desarrollar actividades cooperativizadas en el seno de dicha sociedad”. Definición de socio colaborador que choca frontalmente con la posibilidad de que puedan ostentar esta naturaleza quienes son los conductores de los vehículos de una cooperativa de trabajo asociado de transporte, en la que la actividad cooperativizada consiste justamente en prestar esa clase de servicios.

3) La previsión contenida en el art. 14 de la Ley 27/1999 , que limita el conjunto de los votos de los socios colaboradores, sumados entre sí, al treinta por ciento de los votos en los órganos sociales de la cooperativa

El conjunto de estas circunstancias conduce a la Sentencia a declarar que existe una relación laboral por cuenta ajena entre el socio colaborador de la cooperativa y la empresa de transporte cliente para la que presta servicios, declarando el despido como improcedente

¡Pillados, pues, por el radar judicial!