Categoría: Despido disciplinario

ZONA VIDEOVIGILADA (Y DE DESPEDIR)

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Sentencia del Tribunal Supremo (Social) de 2 de febrero de 2017 (Rec. 554/2016)

Nueva Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que nos recuerda que las grabaciones recogidas por cámaras instaladas en la empresa con fines genéricos de seguridad de bienes e instalaciones de la empresa, aprovechan para acreditar incumplimientos contractuales de los trabajadores y soportar en ellas el despido del sujeto infractor, siempre y cuando el uso de tales imágenes supere el juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

En el caso concreto, el trabajador (que prestaba servicios en un gimnasio) había sido despedido disciplinariamente, imputándosele, entre otras faltas, el dejar pasar a entrenar al club a compañeros de otros clubes que no tenían permitido el acceso, a los cuales les abría el torniquete con su pulsera, dejando también pasar a personas no socias sin pagar entrada, sin invitación y sin ser registradas en recepción. Los movimientos de entrada y salida del puesto de trabajo se detectaron tras analizar el jefe de seguridad y el director de fitness las grabaciones de las videocámaras de seguridad del gimnasio. La autorización de la instalación de dichas cámaras no contemplaba su uso como medio de control del cumplimiento laboral, ni la utilización disciplinaria para con los trabajadores, que no habían sido advertidos explícitamente de esta posibilidad, ni de forma individual, ni por medio de la representación laboral.

Según entiende la Sala del TS, la utilización de las imágenes de estas cámaras, en las que se registran los incumplimientos del empleado, superan, en el supuesto concreto, el filtro de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, porque:

(i) constan conductas irregulares previas del trabajador (se ha generado objetivamente desconfianza), lo que, dicho sea de paso, excluye practicar controles aleatorios a quienes nunca hayan participado en las conductas bajo sospecha;

(ii) es de conocimiento público la colocación de cámaras, lo que aleja la idea de adopción sorpresiva de la conducta y del mantenimiento de una actitud tolerante de la empresa; y

(iii) este medio empleado para la averiguación de las infracciones del trabajador no se considera un exceso de las facultades que a su empleador confiere el art. 5.c) ET (en este caso, la empresa sólo contaba con las quejas emitidas por los compañeros del trabajador acerca de otras conductas y el incumplimiento de otras obligaciones laborales).

CÁMARA DE SEGURIDAD Y DE DESPEDIR

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STS (Social) 31-01-2017 (RCUD 3331/2015)

Se ha hecho eco estos días la prensa y los blogs especializados de la STS (Social) 31-01-2017 (RCUD 3331/2015), que confirma que «la instalación de cámaras de seguridad (cuando es) una medida justificada por razones de seguridad (control de hechos ilícitos imputables a empleados, clientes y terceros, así como rápida detección de siniestros), idónea para el logro de ese fin (control de cobros y de la caja en el caso concreto) y necesaria y proporcionada al fin perseguido, (la consecuencia es):

– (estará) justificada la limitación de los derechos fundamentales en juego,
– (y bastará que) los trabajadores (estén) informados, expresamente, de la instalación del sistema de vigilancia, de la ubicación de las cámaras por razones de seguridad

(Y ello porque si la finalidad comunicada de la cámaras es la de «seguridad», ésta constituye, por sí sola, una) expresión amplia que incluye la vigilancia de actos ilícitos de los empleados y de terceros y en definitiva de la seguridad del centro de trabajo».

Ahora bien, si la finalidad comunicada es sólo esta (la seguridad), ello «excluye otro tipo de control laboral que sea ajeno a la seguridad, esto es el de la efectividad en el trabajo, las ausencias del puesto de trabajo, las conversaciones con compañeros, etc. etc…», para los que las imágenes tomadas no servirán de prueba de la infracción a sancionar.

Otro tema será que, aunque haber comunicado que la finalidad es la seguridad, baste para despedir por una infracción laboral que la vulnere, puedan existir «defectos informativos que (se podrán) reclamar a la empresa… o denunciar… ante la Agencia Española de Protección de Datos, para que la sancion(e) por las infracciones que hubiese podido cometer».

Aquí os dejo viñeta sobre el particular.