Categoría: Extinción de contrato temporal

EL ARTE DE DISIMULAR / PELIGRO DE EXTINCIÓN

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STJUE (Gran Sala) Asuntos C-677/16 y C-574/16, de 5 de junio

Después de la que lió el TJUE con la Sentencia del caso De Diego Porras y sus secuelas judiciales, ahora llega la Gran Sala y rectifica, entendiendo en estas dos nuevas Sentencias que la normativa española que excluye el derecho a indemnización de interinos y de relevistas por fin previsto de su contrato no se opone al derecho comunitario.

Entiende ahora el TJUE que la extinción por fin de contrato de interinidad por vacante o del relevista, por la causa prevista en dichos contratos, se produce en un contexto sensiblemente diferente, desde los puntos de vista fáctico y jurídico, de aquel en el que el contrato de trabajo de un trabajador fijo se extingue debido a la concurrencia de una de las causas previstas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.

En definitiva, el Derecho europeo no se opone a una normativa como la española: (a) Que no prevé el abono de indemnización alguna a los trabajadores con contratos temporales para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del mencionado puesto. (b) Que prevé, para los trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para cubrir la jornada de trabajo dejada vacante por un trabajador que se jubila parcialmente, al vencer el término por el que estos contratos se celebraron, una indemnización inferior a la concedida a los trabajadores con contrato de duración indefinida con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva.

CUATRO TIPOS DE MAGISTRADO/A PARA «PORRAS»

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La Doctrina De Diego Porras que, como ya es sabido, declara el art. 49.1.c) ET contrario a la Directiva 1999/70, sigue estos meses su particular peregrinaje por los órganos judiciales españoles. Entre estos, sin embargo, está reinando una total división.

Aunque se están produciendo distintos pronunciamientos, quiero destacaros 4 resoluciones recientes que ilustran muy claramente sobre las profundas diferencias de criterio existentes actualmente y que nos permiten adivinar hasta 4 perfiles o personalidades distintas de Magistrado/a:

Por una parte, nos encontramos con el Tribunal tipo «prudente», que esquiva -por razones procesales- entrar en el fondo del asunto. Es el caso del Pleno del TSJ de Cataluña en su Sentencia de 30 de diciembre de 2016 (Rec. 3593/2016). La Sala se pregunta si puede ser congruente la sentencia que pudiéramos dictar cuando ninguna de las dos partes planteó ésta cuestión (la aplicación de la Dcotrina De Diego Porras) en la instancia, ni posteriormente en el recurso, ni tampoco reclamó ningún otro tipo de indemnización alternativa para el caso de que la finalización de su contrato fuese declarada ajustada a derecho. La mayoría de los Magistrados se inclina por evitar pronunciarse sobre el fondo porque, a su entender, «no resulta… posible aplicar el principio de congruencia flexible más allá de la causa de pedir, aunque entendida esta en un sentido amplio y flexible. No puede, por tanto, la Sala condenar al pago de una indemnización que nadie ha pedido y que no tiene vínculo directo o indirecto con la pretensión de despido. Una respuesta contraria crearía una grave indefensión a la parte demandada, en tanto que se vería impedida –ni tan siquiera tras el trámite de audiencia conferido- a poder oponer y probar hechos obstativos, excluyentes o impeditivos, entre ellos  excepciones materiales (por ejemplo: la prescripción) que sí podría haber articulado en el supuesto de una demanda de cantidad acumulada o que podrá formular, en su caso, en una nueva acción de cantidad».

En segundo lugar, está el Tribunal tipo «osado», con chupa de cuero, como el TSJ del País Vasco que, reiteradamente, se ha atrevido a aplicar la Doctrina del TJUE sin temblarle la mano. Entre otras Sentencia, por ejemplo, se encuentra la de 22 de noviembre de 2016 (Rec. 2146/2016), que considera de aplicación directa la Cláusula 4.1 de la Directiva 1999/70 y, además, a un conflicto interprivatus y, por si fuera poco, por la extinción válida de un contrato temporal eventual por circunstancias de la producción y, para más inri, actuando de oficio la Sala. Consideran los Magistrados que su proceder es congruente (i) porque quien pide lo más pide lo menos; (ii) y porque la Sala ya se ha pronunciado al respecto y también el TS para acrecer de oficio la indemnización por rescisiones de indefinidos no fijos. Justo todo lo contrario que el Pleno del TSJ de Cataluña.

En tercer lugar, ha aparecido en escena el Juzgador tipo «generoso», como el del Juzgado de lo Social nº 2 de Salamanca (Sentencia nº 317/2016), quien, en su inmensa munificencia, además de aplicar directamente la Doctrina De Diego Porras (el caso era el de trabajador interino de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León), sin mayor cuestionamiento, obsequia también considerando adecuado el procedimiento de reclamación de cantidad para solicitar las diferencias indemnizatorias derivadas de dicha doctrina, lo que supone que el proceso no está sujeto al plazo de caducidad de 20 días desde el cese, sino al plazo de prescripción de un año.

Finalmente, tenemos al Magistrado tipo «indeciso» que, superado por el galimatías en el que nos ha metido el TJUE, no sabe muy bien qué camino tomar. Así que, ante la duda, opta por dirigir nueva cuestión prejudicial al Tribunal europeo para que, a ver si esta vez hay suerte, y nos aclara mejor qué es eso de que resulta discriminatorio que la indemnización por fin de contrato temporal no coincida con la aplicable a la extinción del  contrato indefinido por causas objetivas. Es el caso, por ejemplo, del Auto del Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid de 21 de diciembre de 2016 (autos 991/2016), de planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJUE. Se pregunta el Juzgador si el trato indemnizatorio distinto entre el fin del contrato temporal y el del fijo podría explicarse por el hecho de que, en el contrato temporal, se tenga el previo conocimiento de su duración limitada, mientras que no sea así en el contrato indefinido extinguido por una causa objetiva sobrevenida. Pero, entiende también que quizá podría no estar justificado un trato desigual: (i) Si la adjudicación de la plaza vacante que ocupaba el interino se considerase una causa objetiva que ha de recibir igual trato para temporales y fijops. (ii) Si se atiende a que la indemnización por cese pretende compensar el perjuicio real causado, que sería entonces igual para los interinos que para los fijos que pierden su puesto.

El pasado viernes el Economista.es pubilicaba que el TJUE reconoce haberse equivocado en este asunto. En esta apreciación, sin duda, no se equivoca. Pero, sea como fuere el modo en que hemos llegado hasta aquí, este experimento da cuenta -para mí- de la gran responsabilidad que recae sobre los jueces y magistrados y de la necesidad de hacer una reflexión seria sobre la falta de mecanismos ágiles y eficaces para recuperar un estado mínimo de seguridad jurídica cuando sobrevienen este tipo de terremotos interpretativos. Tal y como funciona hoy el mundo, no podemos estar meses y meses a merced de soluciones judiciales contradictorias, debates ideológicos o comités de expertos que no resuelven, mientras la inversión privada o los presupuestos públicos navegan en la incertidumbre. Yo creo que debemos reivindicar esta capacidad de respuesta, por el bien común y la salud mental de los laboralistas.

 

PANDEMIA

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STSJ País Vasco 18-10-2016 (Rec. 1872/2016)

Octubre se fue con la constatación de que el virus MIT (Más Indemnización para los Temporales) se ha convertido ya en Pandemia. Se dan las condiciones para ello:

1) Ha aparecido un virus nuevo (que equipara el fin pactado y previsto de un contrato temporal con la decisión extintiva sobrevenida de la empresa por causas objetivas), que no ha circulado previamente y, por tanto, no existen Magistrados/as inmunes a él.

2) El virus es capaz de producir casos graves de confusión de instituciones jurídico-laborales, llevando a forzarlas para hacer directamente aplicable una Directiva Comunitaria o ver un despido donde hay una causa de temporalidad vencida.

3) El virus tiene la capacidad de transmitirse de Tribunal a Tribunal de forma eficaz, como ya se ha podido constatar, contagiando el TJUE al TSJ de Madrid y estos dos al TSJ del País Vasco.

Este último da muestras de agravamiento, porque acaba de publicar una segunda Sentencia, también del 18 de octubre de 2016 (Rec. 1872/2016), que extiende el virus desde el sector público al privado, a la relación entre sociedades mercantiles y sus trabajadores temporales.

Los síntomas son los mismos que en la anterior Sentencia del TSJ del País Vasco (Rec. 1690/2016):

1. Se asimila la extinción de un contrato temporal y el despido por causas objetivas.

2. Se basa la aplicación directa de la Directiva en el art. 21.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

3. No son exigibles los requisitos formales del art. 53 ET.

Y no tenemos vacuna todavía…

TeJUEtitis infecciosa

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Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016 (Asunto C-596/14)

A algunas Sentencias les toca ser mediáticas y este es el caso de la STJUE dictada en el caso de la paciente interina del Ministerio de Defensa, Ana de Diego Porras (paciente, porque paciencia ha tenido que tener para sobrellevar sus más de 10 años de temporalidad). Esta última semana la Sentencia ha ocupado muchísimas portadas de prensa y protagonizado innumerables posts y tweets.

El revuelo se ha montado porque, para el Alto Tribunal, el art. 49.1.c) ET, cuando fija una indemnización por fin de contrato temporal de 12 días por año de servicio y de 0 € para los interinos, está tratando desigualmente la extinción de estos contratos de la de los contratos por tiempo indefinido, ya que, para éstos, en caso de cese por causas objetivas, la indemnización mínima es de 20 días de salario por año de servicio, con el tope de 12 mensualidades.

Se ha desatado la locura entre los operadores jurídicos, que andan excitados estos días opinando, demostrando cuánto saben, organizando jornadas y, en definitiva, tratando de desentrañar lo que ha querido decir exactamente el TJUE y en qué debe obligar al Estado español, a las Administraciones Públicas y sus organismos dependientes y a las empresas.

Veremos próximamente cómo se pronuncian los Juzgados y Tribunales españoles y qué reformas normativas nos traerá este pronunciamiento judicial -cuando tengamos un Parlamento estable y formado Gobierno, claro-.

Entretanto, aquí os dejo mi viñeta: un intento de acercarse con humor a esta novedad, bajo la que, sin embargo, subyace una realidad que no es, desde luego, ninguna novedad ni motivo de risa: la precariedad laboral de muchas personas.