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LOS INTOCABLES

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STS (Social) de 14 de noviembre de 2017 (Rec. 17/2017)

Quién lo diría hace tan sólo unos años que, en una reestructuración de empresa mediante el consiguiente despido colectivo, se excluiría de las salidas a los mayores de 50 años. El mundo al revés o, más bien, como lo ansían los responsables de las cuentas de la Seguridad Social.

Un empleado con más de 50 años que pierde su trabajo es casi irremediablemente carne de desempleo de larga duración, una losa para los sistemas públicos de protección social, que no van a dar abasto según vayan llegándole los baby-boomers. El legislador introdujo en la Ley 27/2011, con efectos de 1 de enero de 2013, cambios diversos en las reglas de acceso a la pensión de jubilación y su cálculo, al tiempo que establecía un castigo ejemplar para aquellas empresas que, teniendo beneficios, se reestructuren a costa de despedir a trabajadores mayores de 50 años, para que carguen con ellos las cuentas públicas de la Seguridad Social. El castigo es la Aportación Económica al Tesoro Público, que coloquialmente supone que sea la empresa quien deba pagar los dos años de desempleo contributivo y la cotización a la Seguridad Social de los afectados.

No ha tardado en dejarse sentir el temor a este castigo en los planes de reestructuración de algunas empresas, como la que protagoniza la Sentencia que aquí llevo a viñeta. En este caso, tras finalizar sin acuerdo el período de consultas del despido colectivo, la Empresa decide llevar a efecto las extinciones según su oferta final, fijando entre los criterios de selección que “resultarán excluidos del despido colectivo los trabajadores de 50 o más años de edad”, por ser los trabajadores más experimentados, a criterio de la empresa.

Impugnado el despido colectivo por el comité de empresa y las secciones sindicales, el mismo se declara no ajustado a derecho en la instancia, por no acreditarse las causas económicas, organizativas y productivas alegadas, pero no se declara nulo, tal y como pedían los demandantes, entre otros motivos, por rechazar que exista discriminación por razón de edad al haber excluido la empresa del despido colectivo a los mayores de 50 años.

Interpuesto recurso de casación ordinaria por los mismos demandantes, instando la nulidad, el mismo es desestimado por el Tribunal Supremo, que en cuanto se refiere a la petición de nulidad del despido colectivo por haber discriminado a los menores de 50 años, el TS recuerda que sólo cabe un tratamiento diferenciado por razón de edad cuando “se cumplen rigurosas exigencias de justificación y proporcionalidad”. En este caso, aunque la razón del trato diferenciado que alega la empresa (que son los trabajadores más experimentados) no es bastante para la Sala, sí lo es que la medida es conforme a la normativa de Seguridad Social “al resultar más vulnerable el colectivo mayor de 50 años”; y además, según doctrina del propio TS, la empresa sí ha aportado criterios objetivos de designación de trabajadores afectados.

VOLATE ASCENDERE!

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Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1016 (Rec. 178/2015)

El caso que resuelve la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2016 (Rec. 178/2015) parte de un acuerdo de suspensión de contratos (ERTE) de una sociedad, al tiempo que se creaba otra con la que podría formar un grupo de empresas. La existencia de esta sociedad y sus vínculos con la que acomete la suspensión de contratos no se ocultan a los representantes de los trabajadores pero tampoco se les da documentación durante el período de consultas del ERTE. La Autoridad Laboral impgna el acuerdo y, desestimada la demanda por el TSJ, recurren los trabajadores.

La cuestión que se somete al Tribunal es si el defecto formal de no haber comunicado ni aportado documentación del grupo de empresas durante el período de consultas del ERTE vicia sin más la conclusión del acuerdo.

Y la Sala, al igual que antes el TSJ, van a decir que no existe vicio del consentimiento en este caso. La cuestión, en esos términos, se puede plantear porque encaja en el limitado objeto del proceso en estos casos: impugnación del acuerdo por vicios de «fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión de los acuerdos» [arts. 47 ET y 148.b) LRJS (procedimiento de oficio)]. Pero, no es cierto que se haya viciado la voluntad de los representantes firmantes del acuerdo porque la empresa sí informó de la constitución de la nueva sociedad y de sus relaciones con la misma. Descartado el vicio del consentimiento, único objeto posible del proceso, ya no queda nada más que pueda ventilarse en el procedimiento.

La Sentencia objeto del presente post se me ha resistido a convertirla en viñeta. ¿Cómo representar la «suspensión» de contratos de trabajo por voluntad de la empresa?. Claramente, suspender aquí es dejar en el aire. Ahí es donde quedan los trabajadores y sus contratos a la espera de «caer» definitivamente en el abismo del despido o, en el mejor de los casos, volver a tierra y seguir trabajando.

¿Y quién puede hacer que floten las cosas o las personas?, pues Harry Potter, con sus hechizos. ¿Y quiénes le ayudan y todos saben que son sus amigos?, pues Hermione y Ronald…

En fin, que me lo tengo que hacer mirar!!! 😉