Etiqueta: cesión ilegal

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STS (Social) de 31 de mayo de 2017 (RCUD 3599/2015)

La Sentencia que os hago viñeta en este post resuelve sobre si existe acción para reclamar por cesión ilegal cuando la relación laboral estaba vigente en el momento de presentar la papeleta de conciliación, pero no en el momento de interponerse la posterior demanda, al haber dejado de prestar servicios el actor en el interin debido a su despido por causas objetivas.

En el marco de una contrata de servicios se habría producido la pretendida cesión ilegal de mano de obra entre las empresas contratista y principal. El trabajador de la contratista interpuso papeleta de conciliación el 09-10-2013 ante el SMAC en materia de cesión ilegal de trabajadores. La empresa principal dio por finalizada la contrata el 22-10-2013 y el trabajador es despedido por su empresa (la contratista) por causas económicas y productivas el 06-11-2013. Seguidamente el trabajador interpuso demanda, acumulando la acción por despido a la acción de cesión ilegal.

La sentencia de instancia desestimó la demanda, declarando la procedencia del despido, y no se pronunció sobre la cesión ilegal por no estar la misma vigente en el momento del juicio. Desestimada la pretensión del trabajador también en suplicación, acude aquél el unificación de doctrina. La Sala del Tribunal Supremo va a estimar el recurso, declarando que sí existe acción en este caso.

Desde la STS 7 de mayo de 2010, «el momento en que ha de entenderse como determinante para analizar la posible existencia de una cesión ilegal de trabajadores y la pervivencia de la situación que puede dar origen a tal situación encuadrable en el artículo 43.2 ET no es el momento del juicio oral u otro anterior o posterior, sino el de la demanda interpuesta en el Juzgado de lo Social, pues en ese momento, tal y como disponen los artículos 410 , 411 y 413.1 LEC cuando se producen los efectos de la litispendencia».

Pero, en esta nueva Sentencia, el Tribunal Supremo añade que «tal doctrina no puede proyectarse, directamente, sobre los supuestos en los que, constante la cesión, se produce el despido del trabajador lo que provoca una demanda judicial en la que se acumula la relación contra el despido y la declaración de existencia de cesión ilegal para que ésta última tenga las consecuencias pertinentes sobre las consecuencias de la unilateral decisión extintiva adoptada por el empresario. En estos casos, dada la efectividad inmediata que tiene el despido sobre la existencia de la relación laboral que queda rota por efecto de aquella decisión extintiva, resultaría materialmente imposible exigir que la cesión estuviese viva en el momento de la presentación de la demanda, pues la cesión habría finalizado con el despido».

Concluye, pues, la Sala que «lo decisivo y determinante, en este caso, (es que) el actor había interpuesto, con anterioridad a la extinción de su contrato y de la relación mercantil entre las empresas codemandadas la oportuna papeleta de conciliación, previa a la vía judicial, para que se declarase la existencia de cesión ilegal; acto preprocesal que, como es sabido, constituye exigencia insoslayable para la admisión de la demanda judicial».

ME LIBRÉ

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STS (Sala Social) de 21 de junio de 2016 (RCUD 2231/2014)

Si yo -empresa- cedí ilegalmente a un tercero (aquí, Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía) un trabajador que ya no es mío, porque en su contrato se subrogó otra empresa que sigue cediéndolo, y ahora el trabajador insta la responsabilidad solidaria ex art. 43 ET, por cesión ilegal, la misma alcanzará a su empresa actual (cedente) y al cesionario: yo (su empleador anterior) me libro.

Esta es la moraleja de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Social), de 21 de junio de 2016, dictada en el RCUD 2231/2014. Previamente, la Sala del TSJ de Andalucía intentó, en este concreto caso, la extensión de la responsabilidad solidaria a la empresa anterior, basándose en que la interposición ilícita acreditada es un fenómeno sin solución de continuidad, que debe remontarse, por tanto, a todos los efectos, al primer día en que el trabajador prestó servicios para dicha primera empresa.

Sin embargo, el TS no comparte este criterio, amparándose en su consolidada doctrina jurisprudencial, según la cual «…a los exclusivos fines de la responsabilidad solidaria ex art. 43 ET por cesión ilegal exigible en un proceso de despido, -como regla y salvo excepcionales supuestos de fraude-, la situación de cesión debe estar vigente en el momento de presentación de la demanda», que recogen multitud de Sentencias, entre otras, las SSTS de 08-07-2003 (RCUD 2885/2002), 14-09-2009 (RCUD 4232/2008), 07-05-2010 (RCUD 3347/2009), 29-10-2012 (RCUD 4005/2011).

En definitiva, en el caso enjuiciado, la cesión ilegal no puede subsistir respecto al que fuese el primer empresario si la relación laboral con éste se extinguió con anterioridad.

AHORA YA NO SÉ QUÉ CULO PREFIERO

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Sobre cesión ilegal

STS (Sala de lo Social) u.d. de 17 de marzo de 2015 (RCUD núm. 381/2014)

La Sentencia que inspira la viñeta de este post es la del Tribunal Supremo, en unificación de doctrina, de 17 de marzo de 2015 (RCUD núm. 381/2014). En ella se resuelve acerca de si el salario que debe recibir un trabajador objeto de cesión ilegal que opta por ser fijo de la plantilla de la empresa cesionaria es el salario (inferior) que abona ésta o el que percibía de la empresa cedente (superior).

En el supuesto concreto, tenemos un despido del que fue objeto el trabajador como represalia por su reclamación previa instando el reconocimiento de la situación de cesión ilegal y una sentencia posterior que declaró la nulidad del despido, reconociendo la cesión ilegal. Pero, lo que destaca del caso es que, habiendo optado el trabajador por ser indefinido de una de las dos empleadoras, se cuestiona si puede mantener su mayor salario de la empresa de origen, siendo que en la empresa donde decide integrarse, el salario es inferior.

El Juzgado de lo social núm. 3 de Murcia, que declaró nulo el despido y reconoció la cesión ilegal, mantuvo, en relación con el salario, que el que corresponde al trabajador es el que hasta entonces se disfrutó en la empresa cedente, superior al de la empresa cesionaria, “puesto que la readmisión sólo puede tener lugar en las mismas condiciones que se tenían en el momento del despido, a tenor de los arts. 110 y 113 de la LPL”. El TSJ de Murcia confirma el pronunciamiento de instancia en su totalidad. La representación de la empresa cesionaria, por la que opta el trabajador, formula recurso de casación por unificación de doctrina que es el que resuelve esta Sentencia.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación y establece que «el salario que corresponde al trabajador que opta por integrarse en la empresa cesionaria es el que colectivamente se haya pactado (en ésta) para otro trabajador de igual categoría profesional y antigüedad, no el que pudiera haber percibido en la empresa cedente». Según el TS, «la solución contraria «sería incoherente y opuesta a la doctrina de los propios actos, porque de un lado se mantiene … la persistencia de cesión ilegal de mano de obra y la unidad de vínculo contractual, pero a la par se sostiene … su validez a efectos retributivos y su primacía sobre la propia regulación laboral». Y también resulta contraria al principio de igualdad y al aforismo «a igual trabajo, igual salario»». Además, sigue razonando el Alto Tribunal «… está claro que los «efectos propios» de la relación de la actora con… [la empresa cesionaria] no podían ser otros sino los establecidos en el Convenio Colectivo aplicable, por cuanto que la previsión normativa sobre equiparación salarial -aparte de su inequivocidad- tiene el claro objetivo de proteger al trabajador afectado por el ilícito tráfico, no el de situarle privilegiadamente sobre sus compañeros en la empresa por la que se ha optado, consintiéndole una suerte de «espigueo» entre las condiciones laborales más beneficiosas que establezca el convenios aplicable y los posibles contratos perfeccionados en fraude de ley»».

En definitiva, que la opción del trabajador cedido de escoger entre la empresa cedente y la cesionaria impone también a aquél valorar si con su elección mejorará o emporará su salario.