Etiqueta: Extinción de contrato temporal

EL ARTE DE DISIMULAR / PELIGRO DE EXTINCIÓN

twittergoogle_pluspinterestlinkedin

 

STJUE (Gran Sala) Asuntos C-677/16 y C-574/16, de 5 de junio

Después de la que lió el TJUE con la Sentencia del caso De Diego Porras y sus secuelas judiciales, ahora llega la Gran Sala y rectifica, entendiendo en estas dos nuevas Sentencias que la normativa española que excluye el derecho a indemnización de interinos y de relevistas por fin previsto de su contrato no se opone al derecho comunitario.

Entiende ahora el TJUE que la extinción por fin de contrato de interinidad por vacante o del relevista, por la causa prevista en dichos contratos, se produce en un contexto sensiblemente diferente, desde los puntos de vista fáctico y jurídico, de aquel en el que el contrato de trabajo de un trabajador fijo se extingue debido a la concurrencia de una de las causas previstas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.

En definitiva, el Derecho europeo no se opone a una normativa como la española: (a) Que no prevé el abono de indemnización alguna a los trabajadores con contratos temporales para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del mencionado puesto. (b) Que prevé, para los trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para cubrir la jornada de trabajo dejada vacante por un trabajador que se jubila parcialmente, al vencer el término por el que estos contratos se celebraron, una indemnización inferior a la concedida a los trabajadores con contrato de duración indefinida con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva.

CUATRO TIPOS DE MAGISTRADO/A PARA “PORRAS”

twittergoogle_pluspinterestlinkedin

La Doctrina De Diego Porras que, como ya es sabido, declara el art. 49.1.c) ET contrario a la Directiva 1999/70, sigue estos meses su particular peregrinaje por los órganos judiciales españoles. Entre estos, sin embargo, está reinando una total división.

Aunque se están produciendo distintos pronunciamientos, quiero destacaros 4 resoluciones recientes que ilustran muy claramente sobre las profundas diferencias de criterio existentes actualmente y que nos permiten adivinar hasta 4 perfiles o personalidades distintas de Magistrado/a:

Por una parte, nos encontramos con el Tribunal tipo “prudente”, que esquiva -por razones procesales- entrar en el fondo del asunto. Es el caso del Pleno del TSJ de Cataluña en su Sentencia de 30 de diciembre de 2016 (Rec. 3593/2016). La Sala se pregunta si puede ser congruente la sentencia que pudiéramos dictar cuando ninguna de las dos partes planteó ésta cuestión (la aplicación de la Dcotrina De Diego Porras) en la instancia, ni posteriormente en el recurso, ni tampoco reclamó ningún otro tipo de indemnización alternativa para el caso de que la finalización de su contrato fuese declarada ajustada a derecho. La mayoría de los Magistrados se inclina por evitar pronunciarse sobre el fondo porque, a su entender, «no resulta… posible aplicar el principio de congruencia flexible más allá de la causa de pedir, aunque entendida esta en un sentido amplio y flexible. No puede, por tanto, la Sala condenar al pago de una indemnización que nadie ha pedido y que no tiene vínculo directo o indirecto con la pretensión de despido. Una respuesta contraria crearía una grave indefensión a la parte demandada, en tanto que se vería impedida –ni tan siquiera tras el trámite de audiencia conferido- a poder oponer y probar hechos obstativos, excluyentes o impeditivos, entre ellos  excepciones materiales (por ejemplo: la prescripción) que sí podría haber articulado en el supuesto de una demanda de cantidad acumulada o que podrá formular, en su caso, en una nueva acción de cantidad».

En segundo lugar, está el Tribunal tipo “osado”, con chupa de cuero, como el TSJ del País Vasco que, reiteradamente, se ha atrevido a aplicar la Doctrina del TJUE sin temblarle la mano. Entre otras Sentencia, por ejemplo, se encuentra la de 22 de noviembre de 2016 (Rec. 2146/2016), que considera de aplicación directa la Cláusula 4.1 de la Directiva 1999/70 y, además, a un conflicto interprivatus y, por si fuera poco, por la extinción válida de un contrato temporal eventual por circunstancias de la producción y, para más inri, actuando de oficio la Sala. Consideran los Magistrados que su proceder es congruente (i) porque quien pide lo más pide lo menos; (ii) y porque la Sala ya se ha pronunciado al respecto y también el TS para acrecer de oficio la indemnización por rescisiones de indefinidos no fijos. Justo todo lo contrario que el Pleno del TSJ de Cataluña.

En tercer lugar, ha aparecido en escena el Juzgador tipo “generoso”, como el del Juzgado de lo Social nº 2 de Salamanca (Sentencia nº 317/2016), quien, en su inmensa munificencia, además de aplicar directamente la Doctrina De Diego Porras (el caso era el de trabajador interino de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León), sin mayor cuestionamiento, obsequia también considerando adecuado el procedimiento de reclamación de cantidad para solicitar las diferencias indemnizatorias derivadas de dicha doctrina, lo que supone que el proceso no está sujeto al plazo de caducidad de 20 días desde el cese, sino al plazo de prescripción de un año.

Finalmente, tenemos al Magistrado tipo “indeciso” que, superado por el galimatías en el que nos ha metido el TJUE, no sabe muy bien qué camino tomar. Así que, ante la duda, opta por dirigir nueva cuestión prejudicial al Tribunal europeo para que, a ver si esta vez hay suerte, y nos aclara mejor qué es eso de que resulta discriminatorio que la indemnización por fin de contrato temporal no coincida con la aplicable a la extinción del  contrato indefinido por causas objetivas. Es el caso, por ejemplo, del Auto del Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid de 21 de diciembre de 2016 (autos 991/2016), de planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJUE. Se pregunta el Juzgador si el trato indemnizatorio distinto entre el fin del contrato temporal y el del fijo podría explicarse por el hecho de que, en el contrato temporal, se tenga el previo conocimiento de su duración limitada, mientras que no sea así en el contrato indefinido extinguido por una causa objetiva sobrevenida. Pero, entiende también que quizá podría no estar justificado un trato desigual: (i) Si la adjudicación de la plaza vacante que ocupaba el interino se considerase una causa objetiva que ha de recibir igual trato para temporales y fijops. (ii) Si se atiende a que la indemnización por cese pretende compensar el perjuicio real causado, que sería entonces igual para los interinos que para los fijos que pierden su puesto.

El pasado viernes el Economista.es pubilicaba que el TJUE reconoce haberse equivocado en este asunto. En esta apreciación, sin duda, no se equivoca. Pero, sea como fuere el modo en que hemos llegado hasta aquí, este experimento da cuenta -para mí- de la gran responsabilidad que recae sobre los jueces y magistrados y de la necesidad de hacer una reflexión seria sobre la falta de mecanismos ágiles y eficaces para recuperar un estado mínimo de seguridad jurídica cuando sobrevienen este tipo de terremotos interpretativos. Tal y como funciona hoy el mundo, no podemos estar meses y meses a merced de soluciones judiciales contradictorias, debates ideológicos o comités de expertos que no resuelven, mientras la inversión privada o los presupuestos públicos navegan en la incertidumbre. Yo creo que debemos reivindicar esta capacidad de respuesta, por el bien común y la salud mental de los laboralistas.

 

ALIEN

twittergoogle_pluspinterestlinkedin

temporalien_

STSJ País Vasco, 18 de octubre de 2016 (Rec. 1690/2016)

Uno de los interrogantes que dejó abierto la STJUE dictada en el Caso De Diego Porras fue si el incremento de la indemnización por cese de contato temporal hasta 20 días de salario por año trabajado, en el caso discutido de un contrato de interinidad, podría extenderse a otros contratos temporales, con base en la misma supuesta vulneración de la Directiva comunitaria que prohíbe la discriminación entre contratos temporales e indefinidos, salvo causa objetiva.

Pues bien, ese interrogante ha querido ser respondido con urgencia y afán protagonista por la STSJ País Vasco, 18 de octubre de 2016 (Sentencia núm. 1962/2016). Aunque no fuese objeto de debate en el juicio oral ni fuese pretendido por la parte actora, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, la Sala ha forzado decidir sobre este particular en un proceso donde se discutía la improcedencia de la extinción de un contrato para la realización de un proyecto de investigación (por obra o servicio determinado) suscrito con un centro de investigación (ente público). EL TSJ rechaza la existencia de despido improcedente, pero considerando de aplicación directa la Directiva (lo que argumenta con cita de Sentencia del TJUE relativa a la prihibición de discriminación por razón de edad), opta por dar a la recurrente más indemnización, la que va desde los 12 días por año de servicio que percibió la trabajadora hasta los 20 días de salario por año trabajado del despido objetivo.

La Sala entiende que la causa de la extinción del contrato temporal –el fin del proyecto- es asimilable a la causa productiva del despido objetivo individual (casi na’) y que, al haber percibido sólo 12 días de salario por año trabajado, sigue existiendo un trato diferenciado a la trabajadora, sin que exista una causa objetiva que lo justifique distinta de la temporalidad, ya que, para el Tribunal, la trabajadora tiene un fijo comparable en la empresa que sería ella misma si adquiriese la condición de fija por el transcurso de los 3 años desde que inició su relación laboral (también casi na’).

Este es el Alien que llevaba dentro la STJUE del Caso De Diego Porras, y acaba de salir y escaparse por ahí, entre los Juzgados y Tribunales…

HA SUBIDO EL PAN

twittergoogle_pluspinterestlinkedin

sube-el-pan_

STSJ Madrid (Social) 05-10-2016 (Rec. 246/2014)

Ha sido harto comentada ya la Sentencia del TJUE que responde a las cuestiones prejudiciales formuladas en el asunto de la trabajadora interina del Ministerio de Defensa, De Diego Porras. Unos días después, ya de vuelta el asunto en el TSJ de Madrid, y tras ser contestadas las cuestiones formuladas, la Sala madrileña acaba de dictar, a una velocidad inusitada, Sentencia al respecto: la STSJ Madrid (Social) 05-10-2016 (Rec. 246/2014).

En este supuesto concreto, la Sala argumenta la aplicación directa de la Directiva 1999/70, remitiéndose [en mi opinión, insuficientemente] a la STS (Pleno, Social) de 8-6-2016, nº 497/2016 (rec. 207/2015), que hizo uso del criterio de la interpretación conforme. Además, existen otros aspectos de esta Sentencia del TSJ que habrá que revisar (porque no está claro que el Tribunal Supremo los vaya a asumir sin más). Suena un poco forzada, por ejemplo, esa imaginativa equiparación que se realiza por analogía entre la causa extintiva del contrato de interinidad (vuelta de la sustituida) y las causas objetivas del art. 52 ET. Por otra parte, no tocaba aquí pronunciarse sobre la extensión de esta solución a otros contratos temporales, pero todo llegará.

Ahora bien, si un efecto inmediato tiene esta fiesta iuslaboralista que han montado el TJUE y el TSJ de Madrid es que a la Administración Pública le acaban de poner patas arriba sus cuentas. Con decenas de miles de interinos entre sus empleados, poner fin a sus contratos va a tener un sobrecoste no previsto, incluso aunque lo contenga la reforma legislativa que ya se está negociando y que llegará rápidamente (quizá aprovechando la Ley de Presupuestos para 2017)

De momento, la extinción del los contratos interinos válidos (porque la Sala considera correcto el de De Diego, a pesar de su duración) ha pasado a costar 20 días de salario por año de servicio con el tope de 12 mensualidades, cuando antes costaba 0 euros.

Este último punto es el que he llevado a la viñeta de este post, porque, claramente, a la Administración Pública le ACABAN DE SUBIR EL PAN.

TeJUEtitis infecciosa

twittergoogle_pluspinterestlinkedin

tejuetitis-infecciosa_

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016 (Asunto C-596/14)

A algunas Sentencias les toca ser mediáticas y este es el caso de la STJUE dictada en el caso de la paciente interina del Ministerio de Defensa, Ana de Diego Porras (paciente, porque paciencia ha tenido que tener para sobrellevar sus más de 10 años de temporalidad). Esta última semana la Sentencia ha ocupado muchísimas portadas de prensa y protagonizado innumerables posts y tweets.

El revuelo se ha montado porque, para el Alto Tribunal, el art. 49.1.c) ET, cuando fija una indemnización por fin de contrato temporal de 12 días por año de servicio y de 0 € para los interinos, está tratando desigualmente la extinción de estos contratos de la de los contratos por tiempo indefinido, ya que, para éstos, en caso de cese por causas objetivas, la indemnización mínima es de 20 días de salario por año de servicio, con el tope de 12 mensualidades.

Se ha desatado la locura entre los operadores jurídicos, que andan excitados estos días opinando, demostrando cuánto saben, organizando jornadas y, en definitiva, tratando de desentrañar lo que ha querido decir exactamente el TJUE y en qué debe obligar al Estado español, a las Administraciones Públicas y sus organismos dependientes y a las empresas.

Veremos próximamente cómo se pronuncian los Juzgados y Tribunales españoles y qué reformas normativas nos traerá este pronunciamiento judicial -cuando tengamos un Parlamento estable y formado Gobierno, claro-.

Entretanto, aquí os dejo mi viñeta: un intento de acercarse con humor a esta novedad, bajo la que, sin embargo, subyace una realidad que no es, desde luego, ninguna novedad ni motivo de risa: la precariedad laboral de muchas personas.