Etiqueta: Laboralidad

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STS (Social) 18 de mayo de 2018 (Rec. 3513/2016)

Nueva Sentencia que nos ilustra sobre la recurrente búsqueda (infructuosa muchas veces) de fórmulas de prestación de servicios al margen de las normas laborales. En esta ocasión, la fórmula escogida fue una cooperativa de trabajo asociado en el sector del transporte de mercancías por carretera, en la que concurrían las siguientes circunstancias:

– La cooperativa ofrecía servicios de transporte por carretera, para lo cual era la titular de las autorizaciones administrativas de transporte (no los socios personalmente)
– La cooperativa no tenía en propiedad vehículos, sino que se los alquilaba a otra empresa dedicada a esa misma actividad, propietaria de los vehículos

Hasta aquí, nada que objetar. Ahora bien…

– Ocurría que esa otra empresa que le alquilaba sus vehículos era el único cliente de la cooperativa, a cuya disposición ponía ésta a sus socios colaboradores.
– Además, la empresa cliente era la que disponía del listado de clientes, la que organizaba el trabajo, las rutas y todo lo relativo a la gestión de cada uno de los encargos
– Los socios colaboradores de la cooperativa realizaban su actividad bajo las instrucciones que le daba el la mepresa cliente que había arrendado los vehículos a la cooperativa.
– La cooperativa tenía sólo 4 socios trabajadores, mientras que el resto (115) eran socios colaboradores

En este contexto, un socio colaborador demanda por despido y reclama la laboralidad de su relación con la empresa cliente, obteniendo sentencia favorable en instancia (JS de Elche). La STSJ de Valencia de 13 julio 2016 revocó esta sentencia, siendo la misma recurrida en casación para unificación de doctrina (se aporta como contradictoria STSJ Navarra de 5 de junio de 2015).

El TS decide darse la oportunidad de profundizar sobre el art. 1.3.g) ET y recuerda que, para su aplicación deben concurrir (i) la titularidad de la autorización administrativa de transporte y (ii) la propiedad o poder directo de disposición sobre el vehículo. Todo ello de manera que tengan una importancia económica suficiente como para configurar una unidad productiva que permita considerar que nos encontramos ante un verdadero empresario autónomo.

Se une, en este caso, que se han intentado parapetar tras una cooperativa, pero, para la Sala, ello no es obstáculo, puesto que estas mismas exigencias deben cumplirse cuando la actividad se presta a través de la participación en una cooperativa.

Para la Sala, aunque la tarjeta de transporte era propiedad de la cooperativa y el camión utilizado por el actor estaba igualmente dentro del poder de disposición de la cooperativa (en virtud de un contrato de arrendamiento), nos encontramos claramente, en este caso, ante una una utilización abusiva de la forma societaria de la cooperativa para eludir normas indisponibles de derecho laboral, lo que basa en los siguientes indicios:

1) Inexistencia de una verdadera actividad económica en la cooperativa: la cooperativa carece de la más mínima estructura material u organizativa, y su intervención se limita solamente a aportar la titularidad de la tarjeta de transporte y formalizar un contrato de arrendamiento de servicios con una empresa del mismo sector que es la propietaria de los vehículos, y es esta empresa la que dispone de los clientes, la que organiza el trabajo, las rutas y todo lo relativo a la gestión de cada uno de los encargos, hasta el punto de que trata directamente con los conductores sin la intermediación de la cooperativa

2) Si bien es cierto que el art. 80.1 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas , admite que las cooperativas de trabajo asociado puedan contar con socios colaboradores, no lo es menos que la presencia tan absolutamente mayoritaria de esta figura es claramente reveladora del fraude, habida cuenta que, en el art. 14 de la Ley, los socios colaboradores se definen en contraposición a los socios trabajadores, como las “personas físicas o jurídicas, que, sin poder desarrollar o participar en la actividad cooperativizada propia del objeto social de la cooperativa, pueden contribuir a su consecución” , tras lo que se establece que el socio colaborador no “podrá desarrollar actividades cooperativizadas en el seno de dicha sociedad”. Definición de socio colaborador que choca frontalmente con la posibilidad de que puedan ostentar esta naturaleza quienes son los conductores de los vehículos de una cooperativa de trabajo asociado de transporte, en la que la actividad cooperativizada consiste justamente en prestar esa clase de servicios.

3) La previsión contenida en el art. 14 de la Ley 27/1999 , que limita el conjunto de los votos de los socios colaboradores, sumados entre sí, al treinta por ciento de los votos en los órganos sociales de la cooperativa

El conjunto de estas circunstancias conduce a la Sentencia a declarar que existe una relación laboral por cuenta ajena entre el socio colaborador de la cooperativa y la empresa de transporte cliente para la que presta servicios, declarando el despido como improcedente

¡Pillados, pues, por el radar judicial!

POCA AUTONOMÍA

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Sentencia núm. 244/2018 del Juzgado de lo Social 6 de Valencia

Llegó la primera Sentencia de Juzgado de lo Social que se pronuncia sobre la laboralidad de una de las nuevas formas de prestación de servicios, rebajada de notas de laboralidad merced a reducir a la mínima expresión el contacto con el comitente del servicio, gracias a las nuevas tecnologías.

A pesar de esa rebaja y de lo que pacten las partes por escrito, el juzgador, en este caso, sigue viendo una relación laboral por cuenta ajena, al ver en ella las notas de laboralidad típicas (arts 1.1 y 8.1 ET) y estima la declaración de improcedencia del despido, condenando a Deliveroo a readmitir al trabajador o a abonarle la indemnización correspondiente.

El juzgador ve la dependencia (i) en que se afirma que el repartidor “trabajaba siguiendo las instrucciones” y “bajo las condiciones fijadas unilateralmente” por la empresa, (ii) en que “decidía la zona en la que el trabajador debía desempeñar sus funciones”, (iii) en que determinaba el horario y turnos semanales de cada repartidor y establecía la forma en que se debía llevar a cabo el servicio de reparto” (no pudiendo rechazar pedidos dentro de su horario), (iv) en que “la empresa tenía en todo momento geolocalizado al trabajador”, ejerciendo constante control sobre el mismo (le podía pedir explicaciones en todo momento), y (v) en que la posibilidad de ´subcontratación no sólo se consideraba residual, sino que además estaba sujeta a autorización de la empresa por escrito, conllevando en la práctica, la prestación personal del trabajo.

El juzgador también ve la nota de ajenidad (i) en que la empresa “fijaba el precio del servicio a los clientes y cobraba ésta a través de la aplicación” (el repartidor no podía recibir dinero en metálico, salvo propinas), (ii) en que el repartidor percibía su retribución “con independencia del cobro por parte de la empresa, y tras la elaboración por parte de ésta de la factura correspondiente”, (iii) en que la empresa ponía los medios de producción, pues los vehículos y teléfonos móviles aportados por los “riders” constituyen un mero instrumento sin relevancia económica suficiente, y (iv) en que la empresa era quien controlaba los pedidos de los clientes a través de la plataforma y los restaurantes adheridos a la misma, siendo la propia empresa quien manifestaba que los repartidores eran “la imagen de la compañía de cara al cliente”.

The Upside Down

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STS (Social) de 24 de enero de 2018 (RCUD 3394/2015)

Los seguidores de la conocida serie de TV, Stranger Things, saben que existe otra realidad paralela, el Mundo del Revés (The Upside Down) donde se reproducen los mismos lugares y estructuras que en el mundo real, pero sin vida, y que puede abrirse un portal por donde se cuele el Demogorgon.

Pues, el mundo laboral también tiene su Mundo del Revés, cuando la típica actividad por cuenta ajena aparece en otro lugar aparentemente sin las notas típicas de laboralidad. Ese portal existe y se abrió en la empresa protagonista de esta Sentencia del TS, por donde se coló un instalador de ascensores con un contrato civil de colaboración para la actividad de montaje y reparación de ascensores, con su horario y sus vacaciones (libremente escogidos por él, aunque la empresa le excluía ciertos períodos de descanso), sus herramientas ordinarias (aunque los ascensores los ponía la empresa), sus EPIs (aunque otros se los ponía la empresa), su vehículo y su móvil, si bien la formación sobre el montaje y reparación de ascensores la recibía de la empresa, que también le fijaba precio y plazo de ejecución.

Tras resumir la Sentencia los criterios que deben tenerse en cuenta para considerar la naturaleza laboral o mercantil de una relación contractual (el arrendamiento de servicios exige que la prestación de actividad se limite a la práctica de actos profesionales concretos, sin sujeción a jornada, vacaciones, órdenes ni instrucciones, practicando su trabajo con entera libertad) y recordar los indicios comunes de dependencia (la asistencia al centro de trabajo, el sometimiento a horario, el desempeño personal del trabajo, la inserción en la organización del empleador, etc.) y de ajenidad (la puesta a disposición de los productos o servicios realizados, la adopción por parte del empresario de decisiones concernientes con el mercado o el público (fijación de precios, tarifas, clientela,… el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo, etc.), la Sala considera que, en este caso, la actividad del instalador de ascensores tiene naturaleza laboral, pues:

– existe ajenidad: los frutos del trabajo pasan, ab initio, a la mercantil, que asume la obligación de retribución de los servicios y el riesgo empresarial.
– existe dependencia: el trabajador se inserta dentro del ámbito de organización de la empresa, que le proporciona tanto los bienes de equipo como las instrucciones de montaje.

No desmienten esta realidad otros indicios como la ausencia de horario o libertad a la hora de tomar vacaciones, que la Sala considera marginales.

LA BECARIA POSEÍDA

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La becaria poseída_

SJS núm. 33 de Madrid, de 10-11-2015

Os dejo en esta entrada una nueva viñeta dedicada, esta vez, a una Sentencia del Juzgado de lo Social núm 33 de Madrid, 10 de noviembre de 2015, que he tenido ocasión de conocer y que tiene el interés de, una vez más, constatar la utilización abusiva de la figura del becario/a.

Por tratarse de un fenómeno absolutamente inaceptable, he creído oportuno dar protagonismo a una Sentencia de Juzgado de lo Social. La Resolución revisa los criterios básicos para diferenciar la actividad del/la estudiante en prácticas (becario/a) y la de un trabajador.

En el supuesto analizado, la ITSS constata que, bajo la cobertura formal de convenios de colaboración con universidades, fundaciones universitarias, institutos universitarios o entidades educativas privadas, los becarios/as realizan actividades tales como edición y redacción de noticias, corrección y edición de textos periodísticos, publicación de artículos, aplicación de técnicas de marketing online, asistencia en redacción de temas financieros y edición de noticias, entre otras.

La Sentencia recuerda que, de acuerdo con la doctrina de Tribunales, los criterios que deben manejarse para determinar si nos encontramos ante una situación de becario o una situación laboral son:

  • Tanto bajo la beca como bajo el contrato de trabajo se realiza una actividad remunerada.
  • Pero, la actividad del becario no tiene por objeto la actividad productiva del empresario: las tareas encomendadas al becario deben estar en consonancia con la finalidad de la beca, que es facilitar el estudio y la formación del becario. Debe tratarse de tareas a modo de ejercicios académicos, pensadas con esa finalidad y con el propósito de servir de procedimiento de obtención de conocimientos y experiencias.
  • Y el empresario no incorpora a su patrimonio la actividad del becario. La actividad, el esfuerzo, el estudio… del becario no debe orientarse a obtener un resultado o fruto para que del mismo se apropie la empresa o entidad de estancia, obteniendo así una utilidad en beneficio propio. No puede emplearse la actividad del becario para la producción empresarial integrándose en la propia actividad de la empleadora para que haga uso de ellas para su aprovechamiento.