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STS (Social) 18 de mayo de 2018 (Rec. 3513/2016)

Nueva Sentencia que nos ilustra sobre la recurrente búsqueda (infructuosa muchas veces) de fórmulas de prestación de servicios al margen de las normas laborales. En esta ocasión, la fórmula escogida fue una cooperativa de trabajo asociado en el sector del transporte de mercancías por carretera, en la que concurrían las siguientes circunstancias:

– La cooperativa ofrecía servicios de transporte por carretera, para lo cual era la titular de las autorizaciones administrativas de transporte (no los socios personalmente)
– La cooperativa no tenía en propiedad vehículos, sino que se los alquilaba a otra empresa dedicada a esa misma actividad, propietaria de los vehículos

Hasta aquí, nada que objetar. Ahora bien…

– Ocurría que esa otra empresa que le alquilaba sus vehículos era el único cliente de la cooperativa, a cuya disposición ponía ésta a sus socios colaboradores.
– Además, la empresa cliente era la que disponía del listado de clientes, la que organizaba el trabajo, las rutas y todo lo relativo a la gestión de cada uno de los encargos
– Los socios colaboradores de la cooperativa realizaban su actividad bajo las instrucciones que le daba el la mepresa cliente que había arrendado los vehículos a la cooperativa.
– La cooperativa tenía sólo 4 socios trabajadores, mientras que el resto (115) eran socios colaboradores

En este contexto, un socio colaborador demanda por despido y reclama la laboralidad de su relación con la empresa cliente, obteniendo sentencia favorable en instancia (JS de Elche). La STSJ de Valencia de 13 julio 2016 revocó esta sentencia, siendo la misma recurrida en casación para unificación de doctrina (se aporta como contradictoria STSJ Navarra de 5 de junio de 2015).

El TS decide darse la oportunidad de profundizar sobre el art. 1.3.g) ET y recuerda que, para su aplicación deben concurrir (i) la titularidad de la autorización administrativa de transporte y (ii) la propiedad o poder directo de disposición sobre el vehículo. Todo ello de manera que tengan una importancia económica suficiente como para configurar una unidad productiva que permita considerar que nos encontramos ante un verdadero empresario autónomo.

Se une, en este caso, que se han intentado parapetar tras una cooperativa, pero, para la Sala, ello no es obstáculo, puesto que estas mismas exigencias deben cumplirse cuando la actividad se presta a través de la participación en una cooperativa.

Para la Sala, aunque la tarjeta de transporte era propiedad de la cooperativa y el camión utilizado por el actor estaba igualmente dentro del poder de disposición de la cooperativa (en virtud de un contrato de arrendamiento), nos encontramos claramente, en este caso, ante una una utilización abusiva de la forma societaria de la cooperativa para eludir normas indisponibles de derecho laboral, lo que basa en los siguientes indicios:

1) Inexistencia de una verdadera actividad económica en la cooperativa: la cooperativa carece de la más mínima estructura material u organizativa, y su intervención se limita solamente a aportar la titularidad de la tarjeta de transporte y formalizar un contrato de arrendamiento de servicios con una empresa del mismo sector que es la propietaria de los vehículos, y es esta empresa la que dispone de los clientes, la que organiza el trabajo, las rutas y todo lo relativo a la gestión de cada uno de los encargos, hasta el punto de que trata directamente con los conductores sin la intermediación de la cooperativa

2) Si bien es cierto que el art. 80.1 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas , admite que las cooperativas de trabajo asociado puedan contar con socios colaboradores, no lo es menos que la presencia tan absolutamente mayoritaria de esta figura es claramente reveladora del fraude, habida cuenta que, en el art. 14 de la Ley, los socios colaboradores se definen en contraposición a los socios trabajadores, como las “personas físicas o jurídicas, que, sin poder desarrollar o participar en la actividad cooperativizada propia del objeto social de la cooperativa, pueden contribuir a su consecución” , tras lo que se establece que el socio colaborador no “podrá desarrollar actividades cooperativizadas en el seno de dicha sociedad”. Definición de socio colaborador que choca frontalmente con la posibilidad de que puedan ostentar esta naturaleza quienes son los conductores de los vehículos de una cooperativa de trabajo asociado de transporte, en la que la actividad cooperativizada consiste justamente en prestar esa clase de servicios.

3) La previsión contenida en el art. 14 de la Ley 27/1999 , que limita el conjunto de los votos de los socios colaboradores, sumados entre sí, al treinta por ciento de los votos en los órganos sociales de la cooperativa

El conjunto de estas circunstancias conduce a la Sentencia a declarar que existe una relación laboral por cuenta ajena entre el socio colaborador de la cooperativa y la empresa de transporte cliente para la que presta servicios, declarando el despido como improcedente

¡Pillados, pues, por el radar judicial!