Etiqueta: videovigilancia

ZONA VIDEOVIGILADA (Y DE DESPEDIR)

twittergoogle_pluspinterestlinkedin

Sentencia del Tribunal Supremo (Social) de 2 de febrero de 2017 (Rec. 554/2016)

Nueva Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que nos recuerda que las grabaciones recogidas por cámaras instaladas en la empresa con fines genéricos de seguridad de bienes e instalaciones de la empresa, aprovechan para acreditar incumplimientos contractuales de los trabajadores y soportar en ellas el despido del sujeto infractor, siempre y cuando el uso de tales imágenes supere el juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

En el caso concreto, el trabajador (que prestaba servicios en un gimnasio) había sido despedido disciplinariamente, imputándosele, entre otras faltas, el dejar pasar a entrenar al club a compañeros de otros clubes que no tenían permitido el acceso, a los cuales les abría el torniquete con su pulsera, dejando también pasar a personas no socias sin pagar entrada, sin invitación y sin ser registradas en recepción. Los movimientos de entrada y salida del puesto de trabajo se detectaron tras analizar el jefe de seguridad y el director de fitness las grabaciones de las videocámaras de seguridad del gimnasio. La autorización de la instalación de dichas cámaras no contemplaba su uso como medio de control del cumplimiento laboral, ni la utilización disciplinaria para con los trabajadores, que no habían sido advertidos explícitamente de esta posibilidad, ni de forma individual, ni por medio de la representación laboral.

Según entiende la Sala del TS, la utilización de las imágenes de estas cámaras, en las que se registran los incumplimientos del empleado, superan, en el supuesto concreto, el filtro de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, porque:

(i) constan conductas irregulares previas del trabajador (se ha generado objetivamente desconfianza), lo que, dicho sea de paso, excluye practicar controles aleatorios a quienes nunca hayan participado en las conductas bajo sospecha;

(ii) es de conocimiento público la colocación de cámaras, lo que aleja la idea de adopción sorpresiva de la conducta y del mantenimiento de una actitud tolerante de la empresa; y

(iii) este medio empleado para la averiguación de las infracciones del trabajador no se considera un exceso de las facultades que a su empleador confiere el art. 5.c) ET (en este caso, la empresa sólo contaba con las quejas emitidas por los compañeros del trabajador acerca de otras conductas y el incumplimiento de otras obligaciones laborales).

CÁMARA DE SEGURIDAD Y DE DESPEDIR

twittergoogle_pluspinterestlinkedin

STS (Social) 31-01-2017 (RCUD 3331/2015)

Se ha hecho eco estos días la prensa y los blogs especializados de la STS (Social) 31-01-2017 (RCUD 3331/2015), que confirma que «la instalación de cámaras de seguridad (cuando es) una medida justificada por razones de seguridad (control de hechos ilícitos imputables a empleados, clientes y terceros, así como rápida detección de siniestros), idónea para el logro de ese fin (control de cobros y de la caja en el caso concreto) y necesaria y proporcionada al fin perseguido, (la consecuencia es):

– (estará) justificada la limitación de los derechos fundamentales en juego,
– (y bastará que) los trabajadores (estén) informados, expresamente, de la instalación del sistema de vigilancia, de la ubicación de las cámaras por razones de seguridad

(Y ello porque si la finalidad comunicada de la cámaras es la de «seguridad», ésta constituye, por sí sola, una) expresión amplia que incluye la vigilancia de actos ilícitos de los empleados y de terceros y en definitiva de la seguridad del centro de trabajo».

Ahora bien, si la finalidad comunicada es sólo esta (la seguridad), ello «excluye otro tipo de control laboral que sea ajeno a la seguridad, esto es el de la efectividad en el trabajo, las ausencias del puesto de trabajo, las conversaciones con compañeros, etc. etc…», para los que las imágenes tomadas no servirán de prueba de la infracción a sancionar.

Otro tema será que, aunque haber comunicado que la finalidad es la seguridad, baste para despedir por una infracción laboral que la vulnere, puedan existir «defectos informativos que (se podrán) reclamar a la empresa… o denunciar… ante la Agencia Española de Protección de Datos, para que la sancion(e) por las infracciones que hubiese podido cometer».

Aquí os dejo viñeta sobre el particular.

EL PODER DE LA PEGATINA

twittergoogle_pluspinterestlinkedin

TC cámaras-bershka_

TC cámaras def_

Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) de 3 de marzo de 2016 (Recurso de amparo 7222/2013)

En las viñetas que he incluido en este post, tenéis dos modos de ver la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) de 3 de marzo de 2016 (Recurso de amparo 7222/2013) que,  resumidamente, admite la utilización de imágenes obtenidas de una cámara de seguridad instalada por la empresa ante las sospechas de irregularidades de la caja de la tienda. Se instaló dicha cámara sin informar a los trabajadores ni al comité de empresa ni a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), si bien en un lugar visible del escaparate del establecimiento se colocó el
correspondiente distintivo informativo.

Con base en dichas grabaciones, una trabajadora fue despedida. La trabajadora demandó contra el despido cuya nulidad instaba basándose en que la prueba se había obtenido atentando contra su honor,  intimidad y dignidad por no existir comunicación de la existencia de las cámaras ni a los trabajadores ni a la AEPD. El Juzgado de lo Social desestimó la demanda declarando el despido procedente, al afirmar la Sentencia que “en la instalación y grabación se cumplió escrupulosamente la normativa al respecto. En efecto, con arreglo a la STC 186/2000, de 10 de julio, concurría la situación precisa para el control oculto, esto es sin notificar expresamente la colocación de la cámara a los trabajadores, porque era, en principio, el único medio posible dicho control para satisfacer el interés empresarial de saber fehacientemente quien estaba realizando los actos defraudatorios de los que indiciariamente ya se tenían conocimiento”.

Contra esta Sentencia interpuso la trabajadora recurso de suplicación ante el TSJ de Castilla y León, que también fue desestimado al considerar la instalación por la empresa de una cámara de video vigilancia, en este caso, una medida idónea, necesaria y proporcional.

Frente a dicha sentencia, la trabajadora interpuso recurso de amparo ante el TC alegando vulneración de los arts. 14, 15, 18.1, 18.4 y 24 CE.

EL TC concluye que la grabación de las cámaras de videovigilancia no ha vulnerado ningún derecho constitucional y ello porque:

– La empresa no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad o control laboral, ya que se trata de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral y es conforme con el art. 20.3 ET.

– La empresa ha cumplido en este caso con la obligación de información previa pues basta a estos efectos con el cumplimiento de los requisitos específicos de información a través del distintivo, de acuerdo con la Instrucción 1/2006. El trabajador conocía que en la empresa se había instalado un sistema de control por videovigilancia, sin que haya que especificar, más allá de la mera vigilancia, la finalidad exacta que se le ha asignado a ese control. Lo importante será determinar si el dato obtenido se ha utilizado para la finalidad de control de la relación laboral o para una finalidad ajena al cumplimiento del contrato.

– En el caso que nos ocupa, la medida de instalación de cámaras de seguridad que controlaban la zona de caja donde la demandante de amparo desempeñaba su actividad laboral era una medida justificada (ya que existían razonables sospechas de que alguno de los trabajadores que prestaban servicios en dicha caja se estaba apropiando de dinero); idónea para la finalidad pretendida por la empresa (verificar si algunos de los trabajadores cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar las medidas disciplinarias correspondientes); necesaria (ya que la grabación serviría de prueba de tales irregularidades); y equilibrada (pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja), por lo que debe descartarse que se haya producido lesión alguna del derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18.1 CE.

La STC tiene un voto particular de D. Fernando Valdés Dal-Ré –al que se adhiere la Magistrada Adela Asúa– desde el que se discrepa enérgicamente de la Sentencia dictada.

En fin, una importante Sentencia, gracias a la que los trabajadores van a sentirse observados «con todas las de la Ley».